Jesús Belmont Vázquez * CP. A raíz de la detención en mayo pasado de 78 indocumentados centroamericanos y de la captura de tres presuntos jefes de bandas de traficantes de personas, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR investiga en Chiapas las operaciones de por lo menos 20 bandas de polleros con ramificaciones en varios estados de la República.
Se trata de los polleros Juan Landa Ortega, José Grajales Cruz y Carlos Guadalupe Mendoza, quienes presuntamente cuentan con células criminales que operan en los estados de México, Hidalgo, Sonora y Chiapas, según información a la que tuvo acceso Cuarto Poder.
Cifras
Del total de indocumentados detenidos y enviados al Instituto Nacional de Migración, 60 son de nacionalidad guatemalteca, 13 salvadorenos y cinco hondurenos. Varios de ellos fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sostuvo que se presume que estos grupos criminales cuentan con la protección de funcionarios del ámbito municipal, estatal y federal.
Los informes obtenidos senalan que la enorme porosidad de la frontera sur está incentivando el surgimiento grupos criminales dedicados a la trata de personas, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero, así como el fortalecimiento de los vínculos entre grupos locales y redes internacionales del crimen organizado.
En el estado de Chiapas se está dando un fenómeno similar al que existe en estados fronterizos del norte de la República, como es la diversificación de actividades de los traficantes de personas, que incluyen además drogas y armamento, así como el aumento de los índices de drogadicción entre la población juvenil.
En la AFI se dijo que al considerar la situación geográfica de la frontera con Guatemala, Chiapas se convierte prácticamente en una franja abierta, en la que prácticamente no hay autoridad de ninguno de los dos países a lo largo de muchos kilómetros.
Las fuentes de la AFI comentaron que por la zona sur cruzan indocumentados, personas que van a realizar una actividad de trabajo en la región, otras que quieren cruzar por México rumbo a los Estados Unidos; pero también se da el caso de personas que se dedican al tráfico de drogas, de armas y el ingreso de criminales de todo tipo.
Sin control
La porosidad de nuestra frontera norte es una realidad, pues hay un gran movimiento de indocumentados hacia los Estados Unidos; pero en el caso del sur, ésta se vuelve una frontera prácticamente sin control alguno.
De la misma forma, en la AFI se comentó que con Guatemala existen más de mil kilómetros de línea fronteriza, en los cuales existen ocho puntos de control migratorio; lo que no representa ningún tipo de supervisión de los flujos migratorios.
Las rutas utilizadas por los indocumentados en el sureste de México prácticamente son todas. Realmente avanzan por donde desean, la más frecuente es la ruta del ferrocarril, porque ahí muchos centroamericanos y sudamericanos se ahorran el pasaje y en ocasiones, también, por lo menos en ese tramo del país, no pagan a los polleros, pero por desgracia tarde o temprano caen con ellos.
Sin embargo, las rutas que utilizan los indocumentados son cambiantes, dependiendo de los operativos de control que se establezcan conjuntamente con los agentes de Migración, del Ejército, la Marina, la Policía Federal Preventiva, así como de agentes estatales y locales.
Ganancia ilícita
Por su parte, informes del Instituto Nacional de Migración refieren que el tráfico de indocumentados genera en nuestro país anualmente ganancias superiores a los 10 mil millones de dólares.
Según la información, en la frontera sur y los estados del norte como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, operan, entre los grupos criminales más poderosos y los que se inician en el tráfico de personas, cerca de 200 bandas de polleros.
Después del narcotráfico, el tráfico de personas es la segunda actividad ilícita que mayores utilidades genera a la delincuencia transnacional, sostuvo el INM.
Las operaciones de los traficantes de indocumentados se facilitan por los altos índices de corrupción que existen entre los organismos policiales, dijo el Instituto Nacional de Migración.
