Es de suma relevancia que frente a la irregularidad impere la acción de la justicia y que la situación de emergencia que prevalece en Chiapas tras el cierre de la administración anterior, halle una solución.
Nunca se había presenciado en Chiapas un cierre sexenal con tamaño desorden, de tal extensión que no ha podido ser atajado, lo cual ha complicado el tránsito normal que en otras ocasiones ha sido sin contratiempos, ante eventos de relevo en el poder.
Lo anterior haría coincidir a los chiapanecos en que aquellos que tienen responsabilidad deban ser llamados a cuentas, porque todos deben saber que de los ex funcionarios que concluyeron la administración pasada se dice que ahora han resultado exitosos propietarios de boyantes empresas constructoras, restaurantes incluso en Las Casas como London, u otros como Khumo y Guadalupano, de inmuebles, lo cual, por el interés de ellos mismos debería aclarase.
Las indagatorias deben llegar a los mismos organismos encargados de revisar el gasto, pues no son pocos quienes no dan crédito alguno a la probidad con la que deberían conducirse en su labor.
Es cierto que algunos funcionarios del desastroso gobierno anterior continúan en sus funciones o incluso ratificados por el momento, lo cual debería responder a la necesidad de que entreguen a cabalidad y en caso de que haya responsabilidad por mínima que sea en el desorden, todos respondan por sus acciones ante la autoridad.
Ningún chiapaneco dudará de la justicia en caso de que repentinamente, por ejemplo, los altos funcionarios del Instituto de Comunicación Social resultaran en efecto involucrados en empresas de oustourcing que pudieran haber evadidido hasta casi un 50 por ciento en Impuesto Sobre la Renta y al Valor Agregado, según fuere, con Cooperativas o cualquier otra figura, o que por ejemplo, el ente engargado de deslindar responsabilidades hallara que hay corporaciones con casi ochocientos o mil trabajadores trolls cobrando sueldos de diez mil pesos cada uno con cargo al erario, es decir, a la bolsa de los ciudadanos chiapanecos, uno de los principales, que Dios lo bendiga.
De ser cierto el supuesto de que existieran esas empresas que estarían siendo acomodadas en las auditorías, pues sería entonces necesario que se audite a la auditoría. Si existieran por ejemplo reportes de ficticias pérdidas descomunales de dinero en compañías vinculadas con las tareas del gobierno anterior, pues igualmente se debe poner mayor énfasis en la indagación, y los primeros interesados serían en este caso los ex funcionarios de la adminstración anterior que hubieren o no hubieren sido ratificados en el presente gobierno.
El mismo caso aplicaría en el supuesto de que se comprobara la existencia de retiros en días clave del fin de sexenio, por ejemplo, de cantidades de 300 ó 400 millones de pesos por parte de funcionarios que no justificarían con ningún argumento esas operaciones. Se insiste, en un caso así, pues también habría de investigarse con el fin de que los chiapanecos no se queden con la impresión de que estos que administraron por seis años a Chiapas se han llenado la bolsa con dinero ajeno. Todos estos son elementos que deberán atenderse porque así lo demandarían los chiapanecos a su actual gobernador, para que no quede la duda de que los que se fueron han saqueado como nunca había sido saquedo Chiapas. Si algo hay de eso, debe despejarse, debe transparentarse, para que no se diga que siguen operando quienes han sido señalados por no pocos ciudadanos.
