La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Gobierno de Japón completaron un proyecto que permitió en 2020-2022 mejorar la infraestructura en agua, saneamiento e higiene de albergues y otras instalaciones públicas que prestan sus servicios a personas en movilidad en Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Lanzada en febrero de 2020, la iniciativa destinó 1,9 millones dólares a intervenciones en seis albergues para personas en movilidad, gestionados por organizaciones de la sociedad civil y a cinco centros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicados en los estados de la frontera sur.
La alianza culminó con un acto simbólico, el cual consistió en un recorrido por parte del embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, en uno de los espacios intervenidos en Tapachula, el Albergue “Hospitalidad y Solidaridad A.C.”, donde se develó una placa conmemorativa como finalización del proyecto.
Fukushima destacó que este albergue cuenta con capacidad para 250 personas, donde se realizó una inversión de 87 mil dólares. Dijo que, de acuerdo a su experiencia en Tapachula, esta ciudad es el principal punto de reunión de miles de personas de muchos países. “Ahora el mundo está complicado, por eso la OIM trabaja con muchos países”, por lo que reiteró que seguirá apoyando.
Por otra parte, el jefe de Misión Adjunto de OIM México, Jeremy Mac Gillivray, dijo que “el proyecto se ha enfocado en mejorar la calidad de los servicios que brindan los espacios a miles de personas cada año, mismos que son esenciales para la supervivencia y la dignidad de personas, sin importar su condición migratoria”.
El proyecto se enfocó en mejorar la infraestructura en materia de agua, saneamiento e higiene, y proveer capacitación a través de talleres en materia de protección, promoción de higiene y el manejo de desastres al personal de estos espacios.
La visita del diplomático se inscribió en los actos del 125 aniversario de la primera migración japonesa a México. La OIM tiene presencia constante en la frontera sur del país desde hace cerca de 20 años en trabajos con contrapartes del gobierno mexicano, de la sociedad civil y del Sistema de las Naciones Unidas, para proveer atención humanitaria a personas en movilidad.
