Son varias la irregularidades que desde hace años vienen presentándose en el barrio San Andrés del predio Santa Inés Buena Vista, del municipio de Berriozábal, las cuales van desde ventas fraudulentas de terrenos hasta amenazas por parte de líderes sindicales, declaró la denunciante María Elidía López Moreno.
Hace aproximadamente siete años, esta señora y su esposo compraron un terreno al señor Marco Antonio Gómez Pérez, años más tarde, al intentar escriturar, descubrieron que el terreno que les había vendido y por el que habían pagado la cantidad de 15 mil pesos, en realidad no era de él, sino que hasta la fecha es propiedad de la señora María Magdalena Burguete Mota.
Resultado de haber buscado a la legítima propietaria, ella accedió a vender su terreno a la denunciante, no obstante, los encargados de hacer las negociaciones no han movido un solo dedo por dar solución a la situación.
Refiere la señora López Moreno, que esto se debe a que ellos -los integrantes del comité- han estado enriqueciéndose de manera ilícita por medio de la reventa de los lotes ahí ubicados, razón por la que no les conviene que se lleve a cabo la regularización, pues cabe mencionar que la señora María Elidía, no es la única en esta situación.
Pese a que varias mesas directivas han ido y venido desde que se llevaran a cabo las transacciones falsas de compra-venta, es la actual, que está integrada por Julio César Zebadúa Romero, Carlos Trinidad Moreno y Marco Antonio Solís, la que más irregularidades ha tenido.
En algún momento se acudió a un funcionario público para solicitar la regularización y legitimidad de sus terrenos, pero éste en lugar de dar solución pactó inmunidad con la comitiva del barrio a cambio de la adhesión de otros colonos, que trajo como consecuencia una mayor extensión en el barrio de San Andrés.
Los agraviados han acudido a la capital chiapaneca en busca de soluciones, pero hasta el momento sus peticiones solo han sido selladas de recibido, por lo que solicitan al Gobierno y a las autoridades correspondientes que intervengan en esta situación, pues se ha tornado bastante conflictiva, pues con la intensión de impedir que los afectados vayan en contra de sus intereses, los integrantes de la mesa directiva no sólo los han amenazado, también han quemado viviendas y golpeado a niños. Por esta razón, en el caso particular de la denunciante, que también ha sido amenazada, solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
