Un grupo de ciudadanos y abogados denunciaron presuntas irregularidades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, argumentando que trabajadores de la dependencia estarían desviando casos a despachos particulares y generando cobros para los quejosos.
Así lo expuso Rosbita Martínez, junto a un grupo de denunciantes que demandaron la intervención de la Secretaría del Trabajo así como de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Chiapas, a fin de aclarar las especulaciones en torno a las presuntas irregularidades.
Expusieron que presuntamente Ana Ivette Camacho Prado, presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local podría estar recibiendo pagos mensuales para inclinar casos en conflicto a favor de un grupo interno de litigantes que le reportan el pago.
Además, los inconformes sostuvieron que desaparecen actuaciones por instrucciones de la presidenta, para favorecer a abogados que pagan cuota mensual y lo mismo ocurriría con los laudos, denunciaron.
Los asuntos los retarda con el propósito de pedir dinero a los abogados, además el operador es su esposo, el licenciado Javier Valdiviezo, quien cuenta con un despacho jurídico particular en donde realiza las transacciones.
Ante esta situación, pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, para que tomen cartas en el asunto, con el fin de acabar de una vez por todas con la corrupción en el Tribunal Laboral.
Finalmente, los trabajadores (actores de los juicios laborales) se quejan de la falta de atención a sus expedientes, que tardan años en resolverse, incluso los que ya están en la etapa de ejecución de laudo, pues la presidenta obstaculiza los asuntos, por así convenir a sus intereses, y por el contrario cuando se trata de beneficiar a alguien en tres días emite la resolución, dándole celeridad a los asuntos. La función pública debería de investigar el actuar de dicha funcionaria corrupta.
