La explicación fue inmediata. El mismo día en que este diario publicó que Pemex benefició a una empresa ligada a Juan Camilo Mourino, secretario de Gobernación, éste negó contubernio alguno. Dar la cara es una actitud encomiable, ya sea que la denuncia presentada por Andrés Manuel López Obrador esté sustentada o no.
Al menos incorporó a su respuesta una palabra difícil de emplear en los discursos políticos: ética. Usualmente los funcionarios públicos -desde el góber precioso, Mario Marín, hasta Juan Bueno Torio, beneficiario de empresas familiares- se escudan en la legalidad de sus actos para evadir la evidente inmoralidad de los mismos. En los días que están por venir sabremos si es cierta la aseveración.
Casos como el enriquecimiento de los hijos de Marta Sahagún, los viajes de Sari Bermúdez y Sergio Vela, o los préstamos que los diputados se dan a sí mismos desde San Lázaro demuestran que la ley en torno al tráfico de influencias y el enriquecimiento es laxa. Todos los ejemplos anteriores fueron abusos al erario. Todos, actos legales, al menos hasta la fecha.
No bastará que el secretario de Gobernación quede exonerado por la Secretaría de la Función Pública, controlada por el gobierno al que él mismo pertenece. Es indispensable que demuestre, como hasta hoy, disposición ante cualquier investigación y claridad en sus respuestas. Su reacción ante la denuncia es un buen primer paso.
En tanto se resuelve el asunto, sería ideal esperar mayor madurez de la clase política opositora, que consistiría en deslindar acusaciones como ésta de asuntos medulares para el país como la reforma al sector energético.
Los partidos integrados por el llamado Frente Amplio Progresista deberán esgrimir cifras y estudios si desean demostrar que sin inversión privada ni cambio legal alguno Pemex puede salir de la postración en que se encuentra.
El que Juan Camilo Mourino haya nacido en Madrid y su familia tenga empresas no implica injerencia extranjera o °?privatización°± alguna.
Incluso si se demostrara que el secretario de Gobernación utilizó su anterior puesto en la Secretaría de Energía para beneficiarse a sí mismo o a su familia eso no tendría por qué contaminar la urgencia de una renovación en el sector petrolero.
La obligación de Iván es, pues, la transparencia. La de los denunciantes es la mesura. (El Universal)
