Casos de separación de familias ante la dificultad, e incluso imposibilidad, de demostrar que sus acompañantes son sus familiares directos, fueron documentados por agencias y organizaciones en Tapachula.
Estas acciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de México son consecuencia de la implementación del régimen de visa mexicana para personas venezolanas, de acuerdo con el reciente informe “Las consecuencias de las políticas migratorias de Estados Unidos y México”.
El problema comienza desde la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Dadas las condiciones extremas que atraviesan a su paso por esa zona, se dan los casos del daño o extravío de documentos de identidad.
Afecta el arribo de las personas en movilidad a los países de destino o de paso, en este caso, el territorio mexicano; situación que preocupa a la sociedad civil y a las propias personas en movilidad, pues repercute directamente en la protección de niñas, niños y adolescentes.
“Viajan con personas que no son su familia directa, ya sea porque es una figura como madrina o padrino, familiares en segundo o tercer grado, como tíos, o porque la composición familiar es homoparental, las autoridades canalizan a las niñas, niños y adolescentes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”, reza la investigación.
Esto significa separación familiar con la agravante de que, a diferencia de personas de otras nacionalidades que cuentan con el acceso al consulado de su país, las personas venezolanas no tienen esa posibilidad y no pueden acreditar el parentesco.
La organización Kids in Need of Defense (KIND) agregó que, en el caso de familias conformadas dentro de la comunidad LGBTTTIQ+, la separación es una consecuencia directa de la falta de reconocimiento, por parte de las autoridades, de su inserción dentro del concepto de familia.
En el caso de la niñez y la adolescencia de nacionalidad venezolana que son abandonadas, en las entrevistas se identificó que existe el riesgo de que su situación sea evaluada desde una interpretación errónea del interés superior de la niñez, además de que las propias autoridades pueden exponerlos a otros peligros, de manera potencial.