En los últimos 20 años el impulso a la privatización de las semillas se ha plasmado en tratados internacionales, leyes, certificaciones y la propiedad intelectual, lo cual desplaza y criminaliza el uso libre de semillas criollas o nativas.
Para la bióloga Valeria García López, esto sucede en un sistema patriarcal y colonialista que busca homogeneizar, uniformizar y, en consecuencia, acabar con la vida.
La investigadora trabaja desde hace ocho años con el tema de las semillas nativas y su defensa en México y su natal Colombia, a través de la investigación de prácticas y estrategias para protección de las semillas en países de Latinoamérica y el mundo.
En su estudio destaca que transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Dow-Dupont y Pioneer son propietarias del 60 % de semillas comerciales, el 90 % de las transgénicas y del 70 % de la industria de agroquímicos y de maquinaria agrícola.
También dominan farmacéuticas y alimentación procesada, “fusiones que para el sector agrícola tiene gran consecuencia en la soberanía de los pueblos”, sostiene la bióloga en entrevista.
Estas corporaciones aumentan los precios y refuerzan el control de la producción de alimentos a nivel mundial, “que pocas manos manejan”. Desplazan las semillas criollas y nativas, permitiendo solo el crecimiento de la industria, argumenta.
La investigadora acompaña un proceso de fortalecimiento de los sistemas locales de semillas de organizaciones de los Altos de Chiapas, en la región fronteriza de México y Guatemala, donde hombres y mujeres manifiestan que no tienen información de los cambios en la legislación que están en trámite en el Congreso de la Nación.
Ley
En 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) y un año después México se adhirió al Acta 78 de la UPOV (Convenio de la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales) como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).