“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos factores del Estado, de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio, ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Grace Fernández Morán, defensora de derechos humanos.
Hasta ahora —dijo— solo existen 35 sentencias por desaparición, lo que resulta en la impunidad absoluta. Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110 mil desaparecidos, lo cual es una muestra de todas las deudas del Estado.
Cuando las madres construyeron la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos, situación que terminó por colapsar la crisis que ya se había identificado.
“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más, no tengo dónde meterlos”, entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra; hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.
Grace destacó que el trabajo de las organizaciones, a pesar de representar un riesgo, incluso para la vida, no es valorado por las autoridades mexicanas, pues la información es contaminada, eliminando así las posibilidades de identificación.
Pero las familias no se dan por vencidas y crearon el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que con la ayuda de expertas lograron hacerlo una realidad en dos años para dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?
“Ya pasaron cinco años y la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ni idea de cuándo va a tener el Banco Nacional de Datos Forenses o el Banco Nacional de ADN. Entonces de qué van a servir los esfuerzos”.
Para las familias la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y una familia que los ama, los busca, los espera y los necesita. “Y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, concluyó Grace.