Recurrir a amparos se ha vuelto una estrategia recurrente para dilatar las medidas de salud pública respecto al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, y hasta ahora la industria ha interpuesto unos 600, de los cuales ya se obtuvieron suspensiones definitivas.
Como en el caso de la jueza Segunda de Distrito de Nuevo León, que consideró que exhibir productos de tabaco a las y los consumidores en las tiendas de conveniencia como OXXO, no representaba una afectación al interés social; lo anterior, por medio el amparo que presentó a inicios de año en contra de las medidas de control de tabaco.
“En nueve de cada 10 amparos se ha negado la suspensión a la industria tabacalera, restauranteros, tiendas de conveniencia, etcétera. Sin embargo, algunos casos donde se ha otorgado la suspensión definitiva como el OXXO, con lo cual regresaron las cajetillas a los exhibidores, deben vigilarse con lupa”, declaró Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa.
Esto a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, incluso de las dependencias de salud como así el caso de Chiapas, que se sumó a la aplicación de este nuevo reglamento.
De acuerdo con las estadísticas presentadas por la sociedad civil, fumar mata anualmente a 63 mil 200 personas en México y cuesta más de 116 mil millones por año para la atención médica en hospitales y centros de salud de las patologías que provoca, incluyendo cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y afecciones cardiovasculares, lo cual representa el 9.3 % del total del gasto anual en salud.