“Ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecuciones, cárcel y muerte”, denunció la Junta de Buen Gobierno por la criminalización y fabricación de pruebas para incriminar a Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén.
“Reconocemos el trabajo de Manuel Gómez como base de apoyo zapatista; a este compañero lo están criminalizando e inventando pruebas para tenerlo injustamente en la cárcel, lo atacan por ser zapatista, es la verdad”, señaló la Junta de Buen Gobierno en las actividades del Congreso Nacional Indígena (CNI) en El Sur Resiste.
Además, compartieron una carta escrita por Manuel, de 22 años, residente del ejido El Censo y preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 16 de Ocosingo.
“Tengo dos años y cuatros meses sufriendo la cárcel sin delito. Estoy pagando un delito donde yo no lo hice. Pido favor como sexta nacional e internacional, y al Frayba derechos humanos, hay que ver pronto de mi caso porque la audiencia se canceló tres veces”, escribió Manuel.
La nueva notificación para la audiencia fue programada para el próximo 14 de noviembre, “ya es una violación de derechos humanos, la verdad soy inocente”, señalaron mujeres zapatistas que leyeron el pronunciamiento.
El hecho
En diciembre de 2020, cuatro personas fueron asesinadas en hechos de violencia en el ejido El Censo. Aunque Manuel se encontraba con su familia, fue acusado por la Fiscalía de Justicia Indígena, sin ninguna investigación previa.
De acuerdo a la denuncia de los zapatistas, a Manuel le han fabricado pruebas y no se realizaron pruebas científicas como la necropsia a las víctimas. Dijeron que las autoridades locales conocen la verdad pero temen hablar, pues al aparecer fueron amenazados de muerte.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Fiscalía de Chiapas fabricó pruebas a modo, pues no presentó a declarar a los supuestos testigos y el Poder Judicial del Estado se ha excedido en la prisión preventiva que en ningún caso será superior a dos años.