El 28 de junio de 2010, Mariana Lima Buendía fue asesinada con violencia por un policía judicial del Estado de México. Desde entonces, Irinea Buendía Cortés recorre el país en busca de “justicia y justicia”, y para articular e informar a otras mujeres que también están en la lucha.
“A mi hija la mata el policía judicial y esposo, Julio César Hernández Ballinas; la mata con violencia y dice que es un suicidio”, relata Irinea bajo la sombra del balcón del Palacio de Gobierno en la capital de Chiapas, donde apoya el plantón de las Madres en Resistencia, de víctimas de feminicidio y desaparición.
En noviembre de 2011 determinaron el no ejercicio de la acción penal diciendo que no hay elementos suficientes para responsabilizar a Julio César del asesinato de Mariana. Entonces, Irinea inició una serie de recursos jurídicos para solicitar tres amparos al gobierno del Estado de México.
La defensora de derechos humanos destaca que en el 2009, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace hincapié en la investigación de las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de homicidio, pero desde la perspectiva del feminicidio.
“Eso fue en 2009 y a mi hija la mataron con violencia en el 2010, ya estaba ese protocolo y no le hicieron ningún caso las autoridades de Chimalhuacán, Estado de México, y se encargaron de hacerse cómplices del feminicida”.
Exhumación
Irinea fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar la atracción del caso de Mariana. En septiembre de 2013, el ministro Arturo Saldívar decide atraerlo porque reunió el interés, trascendencia y por ser emblemático.
De esa forma empieza la investigación y el 25 de marzo de 2014, la Primera Sala de la SCJN “nos da la Sentencia Mariana Lima Buendía, que lleva su nombre a petición de mi esposo y mía, y en honor a su memoria”.
A partir de esta sentencia, la entonces Procuraduría formó un grupo de investigadores con perspectiva de género para seguir con la averiguación previa. El 22 de septiembre de 2015 deciden exhumar el cuerpo de Mariana y los médicos forenses encontraron tres uñas de la mano derecha con material genético.
Esto indica que hubo lucha de defensa y forcejeo, desmintiendo a los peritos de criminalística y a la médico forense, “ella sabía que mi hija no se había suicidado por la fractura que encontró en el cuello y que no era de ahorcamiento, pero ella determinó hacerse cómplice del policía judicial; y en la conclusión dijo que fue asfixia mecánica por ahorcamiento”.
En la exhumación participó un médico forense de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Estado de México, y un experto independiente originario de Guatemala, que concluyeron que la muerte de Mariana fue violenta y por asfixia mecánica, por estrangulación armada.
La averiguación previa fue consignada a un juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl y ordenó la aprehensión de Julio César, pero en la primera audiencia de vinculación protestó por su inocencia y pidió duplicidad de término, pero no pudo demostrar su inocencia.
Luego le dieron auto de formal prisión el 29 de junio de 2016 y comenzó el proceso de seis años y ocho meses de duración, y nueve jueces de por medio. Por fin, el 6 de marzo de 2023 le dan la sentencia condenatoria a Julio César como asesino violento de Mariana Lima Buendía.
Sentencia Mariana Lima Buendía
“Desgraciadamente los derechos humanos los protegen mucho ahorita, porque ya va a meter su apelación; estamos en espera de los alegatos, no sabemos qué vaya a decir, pero tampoco nos interesa porque la sentencia viene muy firme: tenemos 50 dictámenes y 30 declaraciones que muestran la violencia extrema que este sujeto tiene; y se demostró que es el asesino de mi hija”.
Con una mano, Irinea se apoya de un bastón y la otra la ocupa para mostrar la copia de la otra sentencia de la Suprema Corte, que en 2015 obligó a reabrir el caso para que fuera investigado con perspectiva de género.
La Sentencia Mariana Lima Buendía es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición y actualmente la Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en sus códigos de procedimientos penales.
“La sentencia es muy clara y obliga a que toda muerte violenta de mujeres se tenga que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y los accidentes”, explica Irinea con una voz tan clara como sus cabellos.
Irinea inició una caravana en la que visita, articula luchas, conoce historias y difunde el caso de su hija Marianita, como la llama. En su andar solo en el estado de Durango, los tres poderes se comprometieron a incorporar en el plan de estudios la sentencia y sus tres efectos: la investigación con perspectiva de género, sanción a servidores públicos y la reparación del daño, e impulsar un cambio cultural a partir de las medidas progresivas específicas para fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género.
Se habla de un cambio cultural, especifica la defensora, si no está integrado por cada estado “no va a funcionar, no va a pasar nada”.
Irinea ha visitado en varias ocasiones Chiapas, pero dice que ninguna autoridad ha querido recibirla para hablar sobre la sentencia, “porque siguen con sus prácticas de simulación, de indolencia, corrupción, impunidad y tolerancia”.