Mientras millones de mexicanos no tienen la oportunidad de jubilarse, y otros -los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y en sus iguales en las entidades federativas- tienen rentas magras en riesgo de ajuste por insuficiencias y deficiencias, cuarenta distinguidos ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación disfrutan de pagos, compensaciones y prestaciones que al ano suman casi 167 millones de pesos, es decir, más de cuatro millones por birrete.
Globalmente, la cifra es superior a la destinada a las jubilaciones de los tres ex Presidentes de la República y equivale al salario anual de casi 5,000 trabajadores de Industrial Minera México. También supera a la percepción anual del Presidente de este país. Por supuesto, la Suprema Corte es una entidad preeminente en la vida jurídica, social y política de México. Como máximo tribunal, cuida que la ley y las disposiciones legales se ajusten a la norma constitucional, garantiza el estado de derecho y contribuye al indispensable equilibrio entre poderes.
Nada más digno que un jurista, que llega y sirve en la cima del aparato jurídico nacional, tenga una jubilación digna y decorosa. Lo discutible es la desmesura entre lo que los ministros se adjudican y la media nacional en la materia.
En los últimos tres anos, los senores ministros han aprobado aumentos salariales en su beneficio equivalentes a 70%, muy lejano a los que se conceden a los trabajadores en general.
Cada mes, los ministros jubilados reciben su sueldo base, compensaciones, prestaciones, gastos de alimentación, pago de chofer y dos auxiliares. Además tienen a su servicio, con cargo a la Corte otros beneficios adicionales. Mensualmente, el gasto promedio por ministro jubilado suma los ya mencionados 230,000 pesos.
Las generosas condiciones jubilatorias fueron promovidas por el presidente de la Corte, Mariano Azuela, y aprobadas con gratitud, pero con escasa meditación.
El sentido de la justicia, en la que los ministros son expertos, se manifiesta mejor en las consideraciones sociales y en el anhelo de equidad. No se puede pretender ser justo en el momento de emitir un fallo, si no hay una actitud de justicia en el momento de decidir o aceptar lo que se debe recibir en atención al entorno social.
Da trabajo concebir que un humanista encumbrado admita esas recompensas, legítimas en lo esencial, pero tan desproporcionadas y alejadas de la realidad de la vida nacional, donde los desempleados de nuestro país tienen que buscar trabajo en el extranjero y los jubilados, aun de las empresas más ricas y encumbradas de la nación, como las de energía, estén en un trance de perder sus privilegios de jubilaciones y pensiones, o al menos de verlos castigados drásticamente.
Algo está funcionando con defectos cuando en nuestro sistema pueden ocurrir excesos de esa magnitud sin que se pueda actuar para corregir desbordamientos ofensivos por su egoísmo y su indiferencia e insensibilidad. Hay genes viciados en la formación ética de nuestros hombres de derecho que dan estos resultados distorsionados tan ajenos al espíritu de justicia social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es y debe ser autónoma en su régimen interno. No hay ningún recurso legal que oponer a sus disposiciones en cuanto a sueldos y jubilaciones.
Pero sí hay un deber moral de hacerle saber nuestro pasmo y nuestra inconformidad por un exceso que casi parece abuso de confianza, y nuestra esperanza en que modere sus alardes de generosidad con sus ministros y, con los pies en la tierra, humanice sus pretensiones económicas. (El Universal).
