Jubilados y pensionados de la Sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno, exigiendo el pago de bonos. Llevan así desde el año 2018.
En voz de la coordinadora estatal de jubilados y pensionados de la Sección 07 del SNTE, María Agustina Martínez Pérez, su exigencia es que se les pague entre siete y ocho mil pesos a cada uno de los 20 mil beneficiarios, pues fue un compromiso de la administración estatal desde hace cuatro años.
“Lo que estamos pidiendo es que se nos pague el bono anual que el Gobierno del Estado nos ofreció desde el 2022; nos ofreció pagarnos cuatro años, desde el 2018 hasta el 2022, y hasta este momento se le ha pagado a un aproximado de 30 por cierto de los compañeros, pero se les ha pagado un año: 2019. Nosotros pedimos que se agreguen 2022 y 2023”.
Dio a conocer que las autoridades competentes no les resuelven sobre quién hará el pago, pues, por un lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) les da una respuesta y el resto de autoridades los evade. A lo anterior, sumó que al inicio de la gestión del pago hubo confusiones, situación que ya se ha resuelto.
Evasión de responsabilidad
Aseguró que una de las respuestas que se les dio en la dependencia es que tienen más trabajo, pero de eso ya lleva más de un año; fue solicitado el 23 de agosto de 2022.
Apuntó que la propia secretaria de Educación (SE), Rosa Aidé Domínguez Ochoa, salió a decir en un evento público que, en el mes de diciembre de 2022, se pagaría dicho bono, y a estas alturas no se ha pagado ni un año completo a todos los jubilados y pensionados.
Agustina Martínez precisó que el bono asciende a mil 750 pesos tan solo del primer año, cuya propuesta fue que se le agregarían 250 pesos más en cada año.
De la misma manera, comentó que no se les ha atendido de manera personal por parte de algún titular de la dependencia, sino por parte de algunos funcionarios de nivel medio, quienes solo evaden con engaños, por lo que hasta el momento no existe una respuesta concreta.
Comentó que el objetivo inicial era darles el apoyo por cuatro años, pero ahora piden que se les entregue por seis años, agregando que uno de los adeudos se les paga en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, lo cual hace que se les pague menos del 50 por ciento del salario mínimo.