Parte de la justicia electoral es defender la libertad de expresión “incluso cuando este debate constituye para las autoridades un debate incómodo, crítico o de carácter ideológico”, expresó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.
Expuso esto en referencia a “una de las últimas intervenciones de nuestra sala parlamentaria”, en donde, el TEPJF dio un revés al Instituto Nacional Electoral (INE) al invalidar la “Variable 14” de su metodología de monitoreo de medios para el proceso electoral 2026-2027.
Sin embargo, Bátiz subrayó que la justicia electoral debe intervenir con prudencia, pero también con rigor, para proteger los derechos políticos y electorales, especialmente cuando las expresiones se convierten en “calumnia” o “inciten al odio y a la desinformación”.
Cambios
El magistrado enfatizó que la democracia mexicana de 2027 no será la misma que la de 2018. “La conversación pública ha cambiado, la forma de hacer campañas cambió, la manera en que la ciudadanía se informa también cambió”, dijo.
Señaló que el debate ya no ocurre solo en plazas o medios tradicionales, sino en redes sociales, plataformas digitales y mensajería instantánea, lo que vuelve a la función pública más rápida, pero también más vulnerable.
Protección de derechos
Bátiz insistió en que la justicia electoral no puede verse solo como un árbitro entre partidos, sino como una instancia de protección de derechos. Reveló que entre enero de 2025 y agosto de 2026, la Sala Superior resolvió 15 mil 711 medios de impugnación relacionados con grupos vulnerables.
Lo que demuestra que la justicia electoral “abre la posibilidad a otros derechos”. En ese sentido, llamó a ampliar la participación política real para todas las personas.
También abogó por una “justicia cercana”, que no significa ser complaciente o ceder a presiones, sino “comprender mejor los conflictos para aplicar mejor la ley”.
Advirtió que detrás de cada expediente hay comunidades, territorios y formas propias de gobierno, por lo que las resoluciones deben considerar contextos históricos y culturales, especialmente en entidades como Chiapas.
