Muchos ciudadanos lo padecen a diario, pero ayer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lo puso en números: 80% de las quejas que recibe ese organismo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se refieren al mal desempeno del Ministerio Público.
La mayor parte de las mismas obedecen a negativa u obstaculización de asesoría de los detenidos, presentados o quejosos; le siguen la violación a las garantías judiciales, negativa de información del proceso o de atención médica, detenciones arbitrarias, incomunicación y hasta tortura. Eso, por no mencionar algo que es habitual: lo lento y tardado de su actuación.
Para el titular de esa comisión, Emilio Álvarez Icaza, tales problemas son el resultado de la falta de capacitación y profesionalización de los empleados ministeriales. Por supuesto, una mala preparación redundará en pésimo desempeno, sin embargo, la problemática parecería ser aún mayor, pues esto no es algo que tenga poco tiempo de suceder, sino que es parte de una cultura dentro de la procuración de justicia, que data de anos, que ha atravesado gobiernos capitalinos de distinto partido político y que continúa sin mejorar, pese a múltiples promesas de cambio.
A la falta de capacitación que menciona el ombudsman del DF podrían anadirse la carencia de recursos materiales para que el MP realice su labor y la colusión de agentes y funcionarios de barandilla con delincuentes, lo que parecería estar generando la mayor parte de las quejas de los ciudadanos ante la CDHDF. Es sospechosa la actitud de los ministerios públicos cuando se repiten con insistencia los casos en los que ciudadanos comunes pasan de acusadores a acusados -como lo ha documentado El Universal-, o cuando son pocas las consignaciones efectivas de detenidos ante los jueces, lo que prohíja impunidad.
No será con cursos de capacitación como se revertirán estos fenómenos, sino mediante una reforma de fondo en el sistema de procuración de justicia capitalino, que sanee sus corporaciones, le inyecte recursos, eficiente sus procesos y sólo otorgue el cargo de MP a quien pase estrictos controles de calidad.
No hay nada más indignante y que llene más de impotencia a los ciudadanos que, después de haber sido víctimas de la criminalidad, tengan que enfrentarse a una estructura de justicia caduca, ineficaz la mayor de las veces, que no le inspira ningún respeto ni confianza. Muchos capitalinos dejan de denunciar delitos, incluso graves, porque perciben que no serán atendidos, perderán su tiempo, si no es que su libertad física o su dinero.
Esto redunda en que no se puedan conocer siquiera las dimensiones reales de la delincuencia en la capital y, por el contrario, genera la apariencia de que al haber menos denuncias, las autoridades están ganando la batalla a los delincuentes. No debemos enganarnos.
Hay que reestructurar de raíz este ámbito del Poder Judicial capitalino, porque de otra forma cualquier aspiración de justicia social o democracia en la capital no podrá hacerse realidad, puesto que un MP ineficaz y corrupto le recordará todos los días a los ciudadanos que aquí es muy difícil que se haga justicia. (El Universal).
