"Jesús Belmont Vázquez * CP. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se antepone el trabajo a cualquier circunstancia de amistad y si José Luis Soberanes es amigo o no del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, es algo que solamente conocen el mandatario poblano, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.
Luis Raúl González Pérez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH, manifestó lo anterior al referir que ""siendo profesionales los que trabajamos en la CNDH y presididos por un profesional como lo es el doctor Soberanes, las situaciones de amistad se truncan"".
Denuncias
Ex fiscal especial del Caso Colosio en la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, González Pérez senaló que desde hace por lo menos cuatro anos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado diversas quejas por aprehensiones y agresiones a directivos y periodistas del diario Cuarto Poder.
""Cuando una comisión estatal de derechos humanos resuelve insatisfactoriamente para el quejoso, puede acudir dentro de un plazo de 30 días a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que vía recurso de inconformidad se revise la actuación del organismo estatal"", comentó el entrevistado.
Anadió que otro recurso es que cuando la comisión estatal conoce de un asunto porque le compete y no resuelve en un tiempo razonable, se puede interponer el recurso de queja para que la CNDH revise el expediente y se determine si la estatal está incurriendo en dilación.
González Pérez se refirió a varios casos de periodistas chiapanecos como el de Ángel Mario Ksheratto y de directivos del periódico El Orbe, quienes han sido objeto de detenciones, hostigamiento y arbitrariedades de parte del gobierno de Pablo Salazar.
Sobre este punto senaló que hay ocasiones en que parece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desconoce un asunto, cuando en realidad lo que pasa es que se encuentra en la comisión estatal de derechos humanos.
En cualquier caso, dijo el director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en la CNDH ""estamos abiertos a las quejas y denuncias de comunicadores que puedan provenir de cualquier entidad de la República"".
Actualizar leyes
El funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recordó que la Cámara de Senadores deberá revisar en breve la iniciativa de despenalización de los llamados delitos de prensa, misma que ya fue estudiada por la Cámara Baja de la anterior legislatura.
En este mismo sentido, González Pérez manifestó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a los gobernadores de los estados y a los Congresos locales actualizar su legislación al nuevo marco jurídico en aras de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Sin embargo reconoció que ""el organismo no tiene el poder coercitivo para obligar en tal o cual sentido, ni tampoco puede suplir a los Congresos. Una Ley que tiene un avance significativo es la Ley de Protección al Honor que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal"".
Al abundar sobre esta ley, González Pérez dijo que en primer lugar despenaliza y en segundo establece como el objeto real del resarcimiento del honor lesionado, la publicación del desagravio y deja la cuantía económica en un monto que dista mucho de aquellas cantidades millonarias que se volvían a veces la Espada de Damocles.
Referencia
Hay que recordar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley del Secreto Profesional del Periodista, así como la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Imagen y paralelamente se derogaron los artículos 214 al 219 contenidos en el capítulo de Delitos contra el Honor del Código Penal.
De la misma forma, en el marco de esta corriente el estado de Morelos garantizó el secreto profesional de los periodistas en su Constitución Política y en Chihuahua se encuentra en proceso legislativo el proyecto de reforma constitucional; por su parte, Baja California y Zacatecas lo contemplan en su legislación ordinaria.
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