Aunque la consulta popular, que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tendrá un costo promedio de 522 millones de pesos, su realización sí vale la pena en México pues es una forma de evidenciar los malos manejos, los actos de corrupción y las irregularidades que cometieron ex mandatarios federales, puntualizó Adriana Bustamante Castellanos, diputada local en Chiapas.
Me gustaría, dijo la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que esta pregunta -sobre el recurso que se invertirá en la actividad- se la hicieran a las madres y padres de la Guardería ABC, a las familias que son “víctimas de feminicidios que han quedado en total olvido para las autoridades de todos esos periodos, no para los corazones de las mexicanas y mexicanos”.
La legisladora local reconoció que, para que este ejercicio tenga éxito, es necesario alcanzar el 40 % de la participación y que dicho porcentaje respalde el proyecto en todo el país, es decir, 37 millones de votos.
“El presupuesto ya estaba aprobado, es de los mismos recursos que tenía el INE; en vez que los distraiga otra situación, mejor que se gaste en esto, sí vale la pena”, insistió.
Bustamante Castellanos mencionó que este proceso no sólo involucra a los exmandatarios, sino también a los actores políticos que realizaron actos de corrupción y que afectaron el desarrollo del pueblo en el pasado. También explicó que existen irregularidades que ya no tienen vigencia alguna y que, por lo tanto, en la parte legal ya no podrían existir sanciones.
“Por eso es importante conocer si la ciudadanía quiere traer a la actualidad esos temas, que tengan vigencia y que se analicen si pueden proceder a temas judiciales o administrativos. Podemos traer del pasado esos temas que han prescrito, los podemos actualizar porque la ciudadanía así lo está exigiendo”, refirió.
La consulta popular se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, no obstante, para ser vinculatoria con los poderes Judicial y Legislativo se tiene que alcanzar un porcentaje importante de votos.
En su opinión, las autoridades (encargadas de la aplicación de la justicia) fueron omisas en administraciones pasadas, pues siguen existiendo temas que aún le duelen al país; añadió que la impunidad es clara y los actos de omisión y corrupción han sido evidentes.
Finalmente, opinó que cuando surgen los comentarios de que una consulta popular no es necesaria, lo que se está pretendiendo es desviar la atención para minimizar la actividad y así los temas que han prescrito no cobren vigencia y no se puedan analizar.
