Organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual en Chiapas, emprendieron una campaña para que sea implementada una ley que permita realizar una reasignación de identidad oficial a las personas integrantes de la comunidad LGBTTTI, ya que desde lo administrativo no se puede realizar, por tanto, recurrieron a instancias judiciales para poder ejercer este derecho.
Ante esto, es necesario se legisle una Ley de Identidad Trans, que busca el reconocimiento de la identidad a través de una normativa, para que sea aplicado por la vía administrativa y no judicial, tal y como lo establecen los parámetros internacionales de derechos humanos.
David Vázquez Hernández, abogado en Derechos Humanos de la diversidad sexual, indicó que desde 2017 se han llevado nueve casos para la reasignación de identidad, las cuales cinco han sido exitosas, pero se mantienen cuatro estancados y con irregularidades.
Sobre esto, las peticionarias, para este cambio de identidad respecto al nombre que nacieron y al que actualmente les representa, sufren violaciones a sus derechos humanos ya que juzgados de lo familiar en Tuxtla Gutiérrez han pedido evidencias para comprobar el cambio.
Vázquez Hernández indicó que para entender este tema, se necesita entender que el tema de identidad de género para las mujeres travestis, transexuales o transgénero les afecta en su desarrollo social y laboral, ya que no cuentan con una identidad avalada por el Estado que de legalidad a su personalidad. Agregó “de alguna manera viven sin documentos”.
En Chiapas, la identidad de género para las mujeres travestis, transexuales o transgénero se ve impulsado por organizaciones desde la sociedad civil, para hacer que el Congreso del Estado realice una modificación al Código Civil, que en primera haga efectiva esta elección y sean respetados sus derechos humanos.
“Esto ha ocasionado problemas laborales, ya que llevan documentos, con un nombre y género distintos al de su acta de nacimiento, por asumir su realidad social con un físico y cuerpo distinto, por lo que de forma administrativa no pueden tener una reasignación de su identidad que les ayude a vivir conforme a ellas se conciben”, indicó.
Las organizaciones en defensa como Diana Sacayan, Investigación y Litigio de Derechos Humanos y Divisex, que acompañan a mujeres y hombres a realizar estos trámites, indicaron que al no existir una ley de identidad trans, buscan la vía judicial, que por medio de un juicio se modifique sus documentos, sin embargo, algunos juzgados de lo familiar han pedido comprueben su cambio de identidad, lo que en palabras de Vásquez Hernández vulnera sus derechos humanos.
“Jueces piden comprueben su cambio de identidad a los peticionarios, pidiendo exhiban intervenciones quirúrgicas o procesos de hormonización para dar legalidad, sin embargo, procedimientos internacionales indican que estas conductas son violatorias”, afirmó.
De hecho, en 2017, se suscitó un caso donde el juzgado primero de lo familiar en Tuxtla Gutiérrez, rechazó la petición de modificación y rectificación del acta, ya que no había comprobado cirugías y hormonización, pero al hacer el procedimiento de apelación, en un segundo veredicto, falla a favor de la peticionaria ya que se apegó a convenios internacionales de derechos humanos.
Pero, ante la falta de una legislación, depende mucho del juez o jueza que lleve el caso, en un ejemplo, el juzgado segundo de lo familiar de la capital, se ha tenido un criterio garante a los derechos humanos, que en un proceso rápido y sin requerimientos, ya que los tres casos que se han iniciado, se han concluido favorablemente.
