Preocupa a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán, la ligereza -así la denomina- con que dirigentes de partidos y candidatos a las elecciones estatales de hoy han involucrado el tema del narcotráfico en las campanas políticas. Cierto: el tema es delicado y sería muy preocupante para la democracia que así fuera. Sin embargo, tampoco se pueden descalificar, a la ligera, tales acusaciones, que requieren investigaciones de fondo.
Los indicios de que algunos miembros del crimen organizado pudieran estar haciendo presencia en el actual proceso electoral michoacano no sólo parten de dichos propagandísticos de los partidos, sino que se sustentan en documentos de la PFP, como se reveló, en el sentido de que habría una liga familiar entre el hermano de un candidato a la alcaldía de Tepalcatepec, en la zona de Aguililla, y los principales distribuidores de droga en el lado este de la entidad.
Es decir, un documento oficial perfila tal posibilidad, al margen de cualquier interés político. Si no es así, es preciso que la autoridad correspondiente desmienta su contenido o explique el contexto en el que éste se realizó, porque de otra manera la duda construida es razonable.
En el marco de contiendas electorales todavía insuficientemente normadas, donde las aportaciones durante las precampanas no son motivo de fiscalización y en las que el dinero es vital para que los candidatos hagan campanas mediáticas, el margen de corruptibilidad es amplio. La excesiva dependencia del dinero que tienen los partidos es una bomba que hay que desactivar.
Mucho más si se considera que Michoacán ha sido uno de los bastiones más sólidos de narcotraficantes, donde coexisten rutas de paso de cárteles enemigos e incluso fue sede del cártel de los Valencia, especializado en comerciar con estupefacientes sintéticos.
No en balde fue en dicho estado donde el gobierno del presidente Felipe Calderón comenzó sus operativos militares, por la alta incidencia de criminalidad ligada al narco y a los reportes de inteligencia que hacían de dicha zona del país un paraíso de criminales. No debemos permitir, por complacencia o negligencia, que, en efecto, el dinero de la droga llegue a la política, porque todo el andamiaje democrático construido arduamente por los mexicanos durante las últimas dos décadas podría echarse a perder. Vacunémonos en contra de narcogobiernos que tomen el poder y determinen el rumbo de la sociedad.
Colombia tuvo muchos problemas para combatir la intervención del narco en su política, pero avanzó bastante en su erradicación, aun cuando todavía hay quienes aseguran que tan ominosa sombra no ha desaparecido del todo.
La sociedad necesita mucho más que una declaración suelta para considerar conjurada cualquier posibilidad de nexos droga-elecciones. Requiere pruebas de que no hay tal, y exige cambios a la ley, para prevenir, de raíz, la llegada de dinero sucio a las contiendas. (El Universal)
