"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. Es sobrecogedora la información dada a conocer en primera plana por El Universal el viernes pasado (nota de Juan Veledíaz): el narco buscó negociar ""devolver la paz a las ciudades a cambio de frenar la persecución a sus líderes"".
La violencia con que el narco ha respondido al combate de que es objeto por parte de la fuerza pública es una amenaza real, efectiva, a la sociedad. La explosión provocada en la capital y la presunción de que los responsables pensaban detonar el artefacto en la glorieta de la estación del metro Insurgentes, es un desafío directo a la población; un anuncio de que la violencia de la delincuencia organizada dejará de dirigirse antes que nada contra quienes los combaten directamente y alcanzará a la población civil. Este mensaje no es una casualidad sino el inicio de una escalada terrorista que puede distanciarse de la mera defensa de los intereses ""comerciales"" del narco. No debemos olvidar que el terror es la forma superior e irreductible del chantaje.
El lunes, el presidente Felipe Calderón se dirigió al país desde Nuevo León, donde la violencia criminal ha cobrado más víctimas, y refrendó su compromiso de firmeza contra el narcotráfico. Hay abundantes evidencias de que el Presidente ha tomado este compromiso en serio y como prioridad de gobierno que no habíamos visto en mucho tiempo, probablemente nunca.
A diferencia de una guerra contra un ejército regular o una guerrilla, el narcotráfico es como una hidra. Su lógica se desprende de la naturaleza de su actividad. Contando con ese mercado gigantesco de consumo de drogas llamado Estados Unidos de América, el territorio mexicano ha sido fértil para la instalación del negocio de tránsito y producción de algunas de ellas con las materias primas de los cultivos cocaleros de los Andes, o de la efedrina que viene de Oriente. Este comercio que hace varias décadas era controlado por los cárteles colombianos fue objeto de una fuerte competencia de mafias mexicanas.
Después de diversas contingencias, los cárteles mexicanos se convirtieron en los ""capos"" de una tajada inmensa de este mercado controlando las rutas de acceso a Estados Unidos y contando a su favor con la porosidad de nuestra frontera con ese país. Esto fue en parte resultado de la presión que Estados Unidos aplicó sobre los cargamentos que entraban a su territorio por vía marítima o aérea, circunnavegando el territorio de México.
Pronto se dieron cuenta de que resultaría más ventajoso operar en nuestro territorio que en aguas internacionales o en rutas costeras en las que eran más vulnerables y carecían de apoyos logísticos.
En cambio, el territorio mexicano, con una estructura política plagada de corrupción y descoordinación entre las fuerzas del orden y de las jerarquías judiciales, se volvió atractivo. Tanto que durante una primera etapa, el narco podría operar casi sin formar guardias propias, dado que compraba la protección de las partes más podridas de los cuerpos oficiales. Especialmente en los niveles municipal y estadual, y en áreas estratégicas como las aduanas, las policías federales y, en ciertos casos, el propio Ejército.
A lo anterior se agrega la vasta soledad e incomunicación de amplias zonas de la frontera norte, como las de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. La abrupta geografía juega a favor de actividades clandestinas que, por lo demás, en regiones como esas se realizan a plena luz del día.
Los efectos del combate al narco permiten observar que forma sus redes lo más cerca posible del poder local. El gobierno parece haber entendido esto al echar a andar, desde la Secretaría de Seguridad Pública, un programa de apoyo a municipios para mejorar el desempeno de sus policías. Más que la unificación de las fuerzas del orden en una sola policía nacional, como ocurre en Chile y otros países, la política por ahora se dirige a fortalecer (zy limpiar?) las fuerzas policiales en sus diferentes niveles y organismos. Veremos si esto funciona.
Sin embargo, es indispensable saber más de cómo se extiende el ""negocio"" hacia los estamentos medios y altos en la burocracia de gobierno y de la iniciativa privada para conseguir apoyos operativos y para administrar el lavado de dinero.
Como senalamos arriba, la ""guerra"" al narco es una guerra irregular, contra un conjunto de células y redes de múltiples cuerpos y cabezas, difícil de identificar y de perseguir en sus mutaciones. Por ello, es difícil pensar que el objetivo sea ""ganar"" la guerra. Una lucha como esta no se gana en el sentido tradicional. En todo caso, lo que puede ocurrir, y ello sería deseable, es que los costos de operación del narco, sometido a fuego graneado continuo, se eleven tanto que disminuyan las ventajas de operar en territorio nacional y busquen desplazar sus operaciones a otras rutas, o bien que mafias del exterior aprovechen la ocasión para ganarles terreno. Un factor adicional que puede conducir a ese escenario es que los golpes a las mafias en México han encarecido el producto en Estados Unidos de tal forma, que puede llamar a la competencia de otros grupos en capacidad de surtir al gran consumidor estadounidense por otras vías.
Mientras haya un mercado ilegal y la legalización de las drogas no esté entre las alternativas viables, el narco no se acabará, sólo se transformará.
La violencia del crimen organizado no afecta solamente a las fuerzas de seguridad del Estado. La sociedad recibe un golpe a cada atentado, a cada muerte de cualquier bando o de civiles inocentes. Es una ilusión creer que cualquiera puede salir ileso. A cada golpe se produce una herida a la sociedad.
En el combate al narcotráfico, que es la principal causa de violencia en el país, el gran perjudicado o beneficiario será la sociedad. No sólo el Presidente, el Ejército o las instituciones, sino la sociedad nacional. No debemos enganarnos, está a prueba la capacidad del Estado de garantizar la seguridad y restablecer la tranquilidad que la sociedad ha perdido. De ese tamano es la apuesta. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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