"Eleaneth Díaz * CP. La suspensión de actividades del pozo Malva 201 en el municipio de Sunuapa es una acción unilateral del Gobierno del Estado, que tendrá que explicar con base en qué leyes actuó, además de las acciones previas, mientras que Pemex estudia las acciones legales que podría tomar en contra de las autoridades de Chiapas, advirtió Emilio Zebadúa González, diputado federal del PRD. ""El Gobierno del Estado debe explicar cuál es el motivo para la clausura, y porqué no ha actuado en otros casos acumulados de denuncias por las afectaciones de Pemex en los últimos anos; porqué ahora y con qué fundamento legal, porque Pemex las pedirá por vías administrativas y jurídicas"", senaló.
El ex secretario de Gobierno indicó que es importante que haya una total transparencia y aclaración en la legislación, pues aunque ""todos compartimos la idea de que es necesario un nuevo trato de Pemex con las comunidades de Chiapas en la zona petrolera, también se tiene que establecer el marco jurídico federal e institucional"".
Funcionarios de alto nivel de la paraestatal preparan una respuesta legal y la explicación de las autoridades estatales, porque la acción genera ""tensión específica entre los gobiernos Federal y Estatal, que debería resolverse por las vías institucionales y en el marco de la ley, que no derive en una confrontación"", explicó el diputado perredista.
Rechazó que la suspensión de operaciones del pozo ponga en riesgo la relación entre ambos gobiernos (Federal y Estatal), dado que los dos están por finalizar el sexenio y esta acción no podría contribuir a un deterioro. Zebadúa González aseguró que el Gobierno del Estado debe buscar buenas relaciones con Pemex para asegurar e incrementar la contribución de apoyos sociales a los municipios, para que atienda las demandas que se han hecho en este ano.
Además expresó que el acto de autoridad afecta el funcionamiento de una empresa estratégica para la economía del país, que implica un riesgo de confrontación que puede escalar al marco institucional, por lo que se debe tener un fundamento legal ""impecable"" y sustentado para evitar riesgos.
Aunado a lo anterior refirió que deben estar preparados para el costo de la acción, pues la invitación a periodistas estatales y nacionales deja claro que el Gobierno del Estado tenía interés en la difusión especial contra Pemex o simplemente montarse en opinión pública adversa.
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