"Existe el compromiso del Gobierno del Distrito Federal de que a partir de ayer viernes, el perímetro A del centro histórico quede libre de puestos de comerciantes ambulantes. La negociación para que esto sucediera no ha sido tersa, ya que el problema es complejo y tiene delicadas aristas que es preciso advertir antes de optar por salidas simplistas.
Por un lado, los capitalinos deseamos ver limpias de puestos y obstáculos -físicos y visuales- las calles de nuestro hermoso centro histórico, uno de los más senoriales de América Latina, donde la majestuosidad colonial se entremezcla con la enterrada monumentalidad prehispánica. Difícilmente otro lugar del mundo ofrece un cruce de culturas tan palpable como aquí. Turistas y capitalinos queremos caminar nuestro primer cuadro en completa libertad de tránsito.
Más aún, la regulación del comercio informal es una aneja y justa demanda de los comerciantes formales, que pagan impuestos y enfrentan una competencia desleal de quienes no pagan ningún derecho, obtienen luz y electricidad a la mala, estorban la entrada de los locales y venden con atractivos descuentos mercancías muchas veces de pésima calidad, pirata o de plano robadas.
Sus dirigencias suelen estar conformadas por esquemas corporativos de control, la mayor de las veces puestos al servicio de partidos políticos, lo que genera torcidas redes de complicidad y clientelismo con las propias autoridades, en las que unos cuantos ganan millones de pesos y otros garantizan votos.
Todo lo anterior unido conforma una cadena de delitos e irregularidades tolerada de facto.
Si nos quedamos sólo con esta visión del problema, la salida es aparentemente fácil: retirarlos sin dilación, incluso con la ley en la mano y hasta por la fuerza.
Sin embargo, las fuerzas que mueven este fenómeno obedecen a imperativos sociales y económicos de mucha mayor profundidad: fundamentalmente a la falta de puestos de trabajo y a la incapacidad del aparato productivo no sólo capitalino sino nacional para generar condiciones de bienestar que impidan que la gente tenga que ponerse en la calle a vender cosas. No todos los vendedores ambulantes son delincuentes y, por ende, no podemos criminalizar su pobreza y esta forma de ganarse la vida.
Por la misma razón, la falta de recursos, millones de personas en todo el país -donde este fenómeno se replica con igual o mayor intensidad dependiendo de la falta de poder adquisitivo- acuden a comprar en el ambulantaje, porque es lo único que pueden adquirir con sus ingresos. Es común escuchar que se compran productos a sabiendas de que son robados o pirata, sólo porque son baratos, ""y es lo único para lo que alcanza"".
La complejidad del problema obliga entonces a buscar soluciones en dos velocidades: primero limpiando las calles, ofreciendo como alternativa las plazas comerciales, lo que requiere una gran dosis de negociación y acuerdos políticos arduos pero transparentes, por encima de la mesa.
Y también obliga a trabajar a nivel macro en el mejoramiento de las condiciones económicas del país, generando en cada entidad los empleos que se requieren para que ningún mexicano se vea forzado a trabajar al margen de la ley. (El Universal)
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