"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. Como lo ha hecho anualmente, Transparencia Internacional ha dado a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción en 179 países a los que aplica sus encuestas. Casi simultáneamente el Barómetro de las Américas presentó un Índice de Victimización de la Corrupción que mide la cantidad de personas por país que dicen haber sido víctimas de corrupción.
En el primero de estos índices México aparece situado en el lugar 72 de los 179 países estudiados con una calificación de reprobado (3.5 de un máximo de 10). En el mismo lugar se sitúan Brasil, China, India, Marruecos, Perú y Surinam. Estos siete países aparecen en dicho índice inmediatamente debajo de, ni más ni menos que Rumania, uno de los países más corruptos del antiguo bloque socialista.
En el Índice de Victimización, México ocupa el segundo lugar, sólo después de Haití, entre 22 países de América Latina. Un 37% de la población respondió afirmativamente a la pregunta de si en el último ano ha sido víctima de actos de corrupción por parte de alguna autoridad de cualquier nivel al menos una vez (EL UNIVERSAL 27/09/2007, A-11).
Es claro que estos son índices de percepción, es decir, de lo que las personas seleccionadas en la muestra afirman respecto a la actitud de las autoridades en la actividad económica o en la vida cotidiana. El conocimiento de las dimensiones precisas de este mal, escapa frecuentemente a las posibilidades de la investigación, por razones obvias. Pero estos índices de percepción son contundentes y han sido construidos por instituciones de respetabilidad internacional. Un ejemplo verdaderamente agraviante lo ofrece el informe La cultura política de la democracia en México 2006 del Barómetro de las Américas. Los encuestados afirmaron que el mayor número de casos de víctimas de corrupción se registró en los juzgados, en segundo lugar en las municipalidades y en tercer lugar en relación con la policía.
De cara a estos datos es necesario hacer preguntas que las autoridades responsables deberían contestar. Me refiero a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, al Ministerio Público, a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como responsables, en última instancia, de la probidad de la administración y el aseguramiento del patrimonio y derechos de la población.
zPor qué, después de al menos 11 anos de efectiva división de poderes, el fenómeno sigue registrando una realidad tan extendida? zEs que el tipo de democratización del país en lugar de detener la corrupción la ha generalizado? zAcaso los nuevos gobernantes que provienen de los otrora partidos de oposición se han implicado en la corrupción en lugar de combatirla? Los mexicanos tenemos derecho a respuestas.
Los cambios institucionales que se han realizado para mejorar la transparencia del ejercicio de la autoridad gubernamental son a todas luces insuficientes. Sin lugar a dudas, la Ley de Transparencia es un avance. A través del Instituto encargado de aplicar esa disposición, los ciudadanos podemos formular preguntas expresas a funcionarios y dependencias sobre uso de recursos y ejercicio de funciones. Se trata de un instrumento valioso. Pero si bien el IFAI es un paso hacia la transparencia, no es idóneo para la rendición de cuentas, primero y antes que nada, porque carece de ""dientes"" para actuar en consecuencia.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene la encomienda de vigilar y sancionar irregularidades dentro del Poder Ejecutivo. La Auditoría General de la Federación (AGF) coadyuva con la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública que entrega anualmente el Ejecutivo. Finalmente, el Ministerio Público tiene el deber de encauzar las denuncias que se le formulen ante los jueces competentes.
Este entramado institucional es completamente insuficiente para combatir la corrupción. La capacidad de los ciudadanos para vigilar la función pública a través del IFAI es insuficiente, pues la discreción característica de toda administración escapa a sus posibilidades de sospecha, salvo en casos en que ha recibido un trato indebido u observado fallas administrativas. Apenas este ano se aprobó la reforma constitucional que obliga a los estados a tener leyes de transparencia equiparables con la nacional y no las mascaradas con las que más de la mitad de ellos encubrían el actuar de sus funcionarios.
Por su parte, la SFP es una oficina del Ejecutivo. Por esta razón, la decisión de si se persigue a un funcionario o grupo corrupto o se hacen de la vista gorda depende de sus funcionarios y, en última instancia, del Presidente de la República. Esto da lugar no propiamente a márgenes amplios de discrecionalidad, sino de arbitrariedad y hasta complicidad en el no cumplimiento de la ley.
La ASF vigila la cuenta pública y es, probablemente, el órgano mejor dotado para detectar irregularidades del Ejecutivo. Pero no ha dado resultados patentes, en parte porque el Congreso está poblado de diputados bisonos y de pocos profesionales del ejercicio legislativo.
Y qué pasa con los juzgados, los municipios y la policía. En buena medida, estos son de competencia estadual, no federal, o bien federal en el caso de una parte de los primeros, pero responden solamente a las acciones del Consejo de la Judicatura, que tiene dientes pero se cuida de usarlos.
Parece que lo que pasa es que no ha pasado mayor cosa. La sociedad sigue inmersa en la percepción de que la corrupción es rampante. Las experiencias puntuales de la gente lo ratifican. Y el gobierno no ha sido capaz, en ningún momento, de ofrecer a la sociedad un panorama del tamano de las irregularidades con las que se ha encontrado. zEs que acaso, la alternancia condujo a la ampliación de las coaliciones cleptocráticas públicas y privadas?
[email protected]
+ Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
"
