La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y sus facultades son la manzana de la discordia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Dos decisiones consecutivas de la Suprema Corte esta semana le han quitado potestades al Presidente. Sin embargo, en realidad el pleito de los ministros es con el Congreso.
Si se ve con detenimiento, el problema de fondo viene desde el tiempo en que los diputados y los senadores, abril de 2006, reformaron las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones. Por unanimidad y en apenas siete minutos la Cámara Baja aprobó aquella iniciativa, que sería refrendada poco después en el Senado sin cambio alguno. La prisa y la opacidad del proceso legislativo tenían una intención: lo aprobado contenía incentivos monopólicos y violaciones a la propiedad de la nación sobre el espectro radioeléctrico. Por ello la Suprema Corte declararía inconstitucionales diversos artículos.
En cualquier democracia que se respete el legislador habría corregido de inmediato las leyes que los ministros impugnaron. Pero no en México. Aquí se impuso la desidia y la irresponsabilidad. Mil 275 días después el máximo tribunal del país encontró límite a su paciencia. Aprovechando que la Cámara de Diputados inició una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, suple ahora lo que legisladores y partidos políticos debieron hacer hace tres años.
El Poder Judicial muestra su posición de árbitro y se coloca por encima del Legislativo, incumplido e irresponsable. En tanto, el Presidente de la República aparece como afectado, aunque en realidad el pleito va dirigido a quien no ha cumplido con su obligación legal: el Congreso. (El Universal)
