A pesar de presiones de Estados Unidos, y en pleno uso de su soberanía, México se encuentra a un par de semanas de concluir el proceso de adhesión al Estatuto de Roma, por el cual se incorporará como país con plenos derechos y obligaciones a la Corte Penal Internacional (CPI). Tras un complejo procedimiento administrativo, que data del ano 2000, finalmente nuestro país está listo para integrar una de las instancias multilaterales de mayor honorabilidad, cuyo objetivo fundamental es dirimir de manera neutral y supranacional las diferencias entre países, que puedan poner en riesgo la paz mundial. Estados Unidos, por su parte, no reconoce autoridad alguna a la CPI y recomienda a la comunidad internacional tampoco avalar sus resoluciones. Ello porque su Constitución prohíbe a los gobernantes estadounideneses subordinar su interés nacional a cualquier instancia mayor. Esto le ha servido para proteger a sus ciudadanos de juicios internacionales, aun cuando la comunidad mundial ha reclamado a algunos, acusados de crímenes de lesa humanidad o de infringir de una u otra manera el derecho internacional.
En este contexto, Estados Unidos ha pedido a México que no entre a la CPI o que firme con Washington un acuerdo bilateral de inmunidad, por el cual México se comprometería a no entregar a la CPI a ciudadanos estadounidenses sin el permiso de EU.
Por supuesto, el gobierno estadounidense tiene particular interés en que los soldados que han intervenido en las guerras contra Afganistán e Irak no sean sometidos a esta Corte por delitos de lesa humanidad. Se sabe que en ambos casos, los acontecimientos y la información recabada parecen indicar que militares estadounidenses han excedido sus tácticas y han llevado a extremos su trato tanto con los grupos antagónicos de estos lugares así como con ciudadanos civiles de estos países.
Como quiera que sea, se ha informado a nuestra Cancillería que de no firmarse el compromiso de inmunidad, Estados Unidos dejaría de aportar recursos al sistema judicial mexicano, por 11.5 millones de dólares al ano, que se utilizan para el combate al narcotráfico.
Presiones de este tipo son inaceptables y tienen que ver con la percepción que el gobierno de Estados Unidos podría tener de la forma en que podría llevar a cabo su política internacional en países del tercer mundo. El canciller Derbez ya ha expresado que no se firmará la inmunidad requerida por el gobierno de George Bush, independientemente de las represalias que se anuncian.
México ha sido históricamente un respetado miembro de la comunidad internacional, cuya conducción en asuntos foráneos suele hacerse y salvo polémicas excepciones recientes, de todos conocidas bajo los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y con la permanente disposición para coadyuvar a dirimir los conflictos internacionales, siempre por la vía del diálogo y la negociación. Por eso es que no podría prestarse a firmar acuerdos de excepción por los cuales México pudiera convertirse en santuario de ciudadanos de ningún país y en ningún momento, acusados por la más alta Corte en el mundo.
México entiende que al adherirse al Estatuto de Roma, adquiere derechos y obligaciones, que no pueden ser sujetos de negociación. El ingreso a la CPI supone que aun ciudadanos mexicanos acusados de delitos internacionales serios puedan ser llevados ante ese tribunal, sin demérito de nuestra soberanía, pero sobre todo, esta posición mexicana tiene que ver con los delitos que incluso mexicanos pudieran cometer en condiciones de excepción. (El Universal).
