Justo cuando el Estado mexicano libra una cruenta batalla en contra de organizaciones del crimen organizado, y requiere de toda la fuerza, no sólo militar sino moral, para llevarla a cabo y triunfar, los números en materia de violaciones a los derechos humanos no son satisfactorios.
La conclusión inicial es que una gran cantidad de violencia física no necesariamente implica garantía de triunfo o calidad de operaciones.
A decir del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, la situación de los derechos humanos en México es precaria. Sólo en lo que va del año se han presentado ante la CNDH 900 denuncias por cateos ilegales y mil 300 por tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes a ciudadanos comunes y corrientes. También, a lo largo del sexenio han sido asesinados 22 periodistas y siete defensores de los derechos humanos, cuyos organismos señalan como culpables a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Con penosos resultados se ha disparado en retenes contra sospechosos, bajo el inaceptable argumento de que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra y no para prevenir delitos, como los policías.
En su afán por mostrar resultados en esta lucha, efectivos militares, navales y policías de todo el país han llegado a atropellar derechos de terceros no involucrados en delitos y violado pasos del debido proceso judicial al presentar detenidos como culpables y al abusar de la figura del arraigo precautorio. Se detiene para investigar; no se investiga para detener.
Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, es importante recordar que no existe contradicción entre la procuración de los valores fundamentales y la seguridad pública.
Eso, por lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos que se han dado en el marco de la lucha contra los grupos del crimen organizado. Ya que ominosamente persiste otro tipo de agresiones de figuras de autoridad a la ciudadanía, que tienen ya mucho tiempo entre nosotros, y cuyas motivaciones son acallar voces disidentes, encubrir corruptelas, ignorar derechos ciudadanos y, en suma, abusar de una posición de autoridad para fines políticos y personales. Periodistas, activistas políticos y ciudadanos en general siguen siendo objeto de tales agresiones a sus derechos. Tales casos tampoco han bajado en las estadísticas y deben preocuparnos a todos. El Estado está en deuda con la ciudadanía en esta materia.
(El Universal)
