Existen reglas en materia de educación dentro del sistema de justicia integral para adolescentes, como el que todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a una biblioteca bien provista, por igual que todos tendrán derecho a recibir formación para ejercer una profesión que los prepare para un futuro empleo, el derecho a la enseñanza especial en el caso de analfabetismo o problemas cognitivos o de aprendizaje y demás.
Jaqueline Ángel Juan, jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución, especializada en justicia penal para adolescentes, enfatizó que estas también estipulan que debe existir un modelo educativo que tenga la misma calidad, disponibilidad y accesibilidad a los que gozan quienes se encuentran en libertad. Que los maestros estén capacitados, que no sean multigrados, como así ocurre en muchos centros de internamiento.
Sin embargo, en los centros de internamiento del estado de Chiapas se puede decir que hay una gran deuda, en virtud de que sí cuentan con áreas de alfabetización, primaria, secundaria y sistema Cobach, sin embargo, los modelos educativos son obsoletos en razón a los que se trabajan en escuelas ordinarias.
Aunado a eso, está el tema de la carente infraestructura, además de que no son inclusivos, los maestros son multigrado y no se cuenta con maestros bilingües, sobre todo en lenguas originarias, considerando que el Estado está obligado a garantizar la igualdad.
La provisión de la enseñanza debe velar por los derechos de las personas adolescentes privadas de su libertad en las distintas esferas, por ejemplo, el respeto de sus necesidades especiales de aprendizaje: culturales, étnicas o derivadas de problemas cognitivos.
A diferencia del sistema penal para adultos, las medidas de sanción en este caso tendrán un carácter socioeducativo, por lo que deben promover la formación de la persona adolescente, el respeto por los derechos humanos y las libertades, así como el fomento de vínculos socialmente positivos, el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
El enfoque de justicia debe ser multidimensional a partir de los derechos humanos, lo que implica que hay que reconocer a cada persona en razón de sus características, condiciones de desarrollo, garantías de equidad de género y el reconocimiento multicultural, así como la seguridad y otros aspectos.
