"La mercadotecnia de los candidatos a puestos de elección popular en el país carece de regulación precisa, pues aun cuando el gasto de las campanas tiene un límite fijado por el Instituto Federal Electoral, y los organismos equivalentes en los estados de la República, el hecho es que hay ""hoyos negros"" en la fiscalización de la propaganda que inunda a la ciudadanía con mensajes partidistas. Es el caso de los impresos aparentemente menores, como gorras, encendedores, llaveros, camisetas, plumas, carpetas, matracas, mochilas, despensas, bolsas y souvenirs en general, que por millones son repartidos de manera generalizada por los partidos, quienes no necesariamente los incluyen en sus gastos de campana, según documenta EL UNIVERSAL en un trabajo especial.
Como en todo trabajo de mercadotecnia, estas herramientas de difusión tienen el propósito de arraigar en la mente del potencial elector -quien lleva a su casa o centro de trabajo dichos accesorios- los colores partidistas y los nombres de los candidatos. Sin embargo, tanto el IFE como la Secretaría de Economía y la de Hacienda reconocen que hace falta conocer más de este tipo de gasto que realizan los partidos, pues si bien algunos de ellos son reportados mediante facturas, en muchas otras ocasiones se pierde el control de las empresas que proporcionan dichos servicios. Un cálculo preliminar ubica en 60 millones de pesos el monto de lo que cada organización partidista eroga por este concepto.
Al igual de lo que sucede con las precampanas electorales, el servicio de impresión y estampado carece de regulación específica, porque aun cuando técnicamente debe ser reportado a la autoridad dentro de sus gastos generales, el hecho es que el propio IFE carece de un listado de empresas proveedoras de materiales utilitarios, por lo que está buscando un convenio con la Cámara de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf) para transparentar y fiscalizar esas erogaciones, que en el pasado incluso sirvieron de pretexto para que algunos partidos favorecieran con dolo a determinadas empresas de familiares y amigos. Peor todavía, un ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas, reconoce que del total de la fiscalización de recursos que debería realizar el Estado mexicano, éste sólo tiene capacidad para auditar 3 por ciento de los recursos sensibles de ser revisados.
Uno de los graves peligros de la democracia en el país es el hecho de que cada vez se requiere más dinero para hacer ganar a un candidato. La mercadotecnia y no los valores propios de la oferta política de cada partido es la que está determinando quién gana las elecciones. Esta enorme demanda de recursos -que supera con mucho las prerrogativas de ley que el IFE otorga a cada organización política- ha llevado a todos los partidos, en el pasado reciente, a incurrir en inconmensurables excesos de gasto, a endeudamientos onerosos y aun a financiamientos poco claros de personajes que, no sin interés, entran a patrocinar irregularmente las campanas. En sí mismos no son daninos los llaveros y las gorras, pero sí en cuanto a lo que representan en términos de devaluación del mensaje político, en incremento del costo del voto y como puerta al financia-miento ilícito de los partidos. Urge transparentar dicho resquicio de gasto y legislar al respecto, ya que sobre la marcha poco será lo que se pueda hacer en materia de fiscalización de recursos fuera de lo que ya está aprobado en la ley que, por lo visto, tiene huecos importantes.
En el fondo, insistimos, lo que está en juego es la validez de nuestro sistema político, la legitimidad de las autoridades electas bajo estas reglas y la consolidación de nuestro aparato democrático, que a todos sus asedios debe sumar ahora el que le representan los gastos con poca fiscalización. Es tiempo de perfeccionar nuestro sistema electoral y darle al IFE más herramientas para regular efectivamente las elecciones. (El Universal).
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