"Los matrimonios de personas del mismo sexo pueden adoptar hijos. La Constitución nunca dice que ese sea un derecho exclusivo de los heterosexuales. Por lo tanto, lo que hizo la Suprema Corte no fue otorgarle derecho alguno a ese sector de la sociedad, sino simplemente confirmar que la legislación del Distrito Federal no contradice a la Constitución.
Los integrantes del máximo tribunal del país realizaron en este tema un impecable trabajo, apegado a sus funciones. Si los ministros de la Suprema Corte hubiesen votado en sentido contrario habrían añadido condiciones diferentes a la legislación actual y su tarea no es legislar, sino verificar que las leyes se apeguen a la Carta Magna.
Debido a esta obviedad es que sorprende la reacción del sacerdote Juan Sandoval Íñiguez, quien el domingo pasado declarara: ""No lo dudo que estén muy maiceados (los ministros), desde luego, por Ebrard. Están muy maiceados y por organismos internacionales. Yo creo que no llegan a esas conclusiones tan absurdas y tan en contra del sentimiento del pueblo de México si no es por motivos muy grandes, y el motivo muy grande pueden ser los dineros que les dan"". El personaje no ha presentado pruebas, hasta el cierre de esta edición, de tan graves acusaciones.
Suponiendo que una persona fuera capaz de interpretar el ""sentimiento del pueblo de México"", y que éste sentir fuera en contra la homosexualidad, la acción del Estado debe ir más allá de lo popular. El voto de la mujer, por ejemplo, quizá no era muy aceptado en 1953 pero eso no debía influir en las decisiones de gobierno.
Invita a la reflexión otra declaración del cardenal sobre el tema: ""No sé si alguno de ustedes les gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones. Creo que no"". La frase debería preocupar a la Iglesia católica en la medida en que contradice la función social de cohesión y respeto que en teoría promueve entre sus feligreses. Cabe preguntarse si esa es la voz de la Iglesia católica mexicana, sobre todo cuando otros miembros dentro de esa institución han emitido opiniones mucho más cercanas al siglo XXI.
Los emisores de los discursos de odio desprecian alevosamente a comunidades enteras de mexicanos y debido a ello merecen ser exhibidos e incluso sancionados por la opinión pública.
Habría sido ésta una buena ocasión para celebrar el apego de la Suprema Corte a sus facultades a pesar de las presiones. Lamentablemente, las reacciones de un sector de la sociedad obligan a mantener la defensa de los valores de la laicidad y la pluralidad. (El Universal)
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