"La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y otras organizaciones prevén realizar en marzo próximo en ese país sudamericano, una gigantesca movilización para pedir a la Asamblea Nacional y al Gobierno la aprobación de una Ley de Aguas, Ley de Tierra y Territorios que replantea un reordenamiento para alcanzar reivindicaciones agrarias.
La movilización -que merecería toda la atención de un gobierno democrático- plantea además exigencias de respeto a los territorios de los pueblos y ""nacionalidades"" para que no sean concesionados a empresas transnacionales petroleras y mineras.
Por otra parte, la movilización persigue que el Gobierno de Ecuador atienda demandas que incluyen también la defensa de los derechos de trabajadores, de miles de estudiantes que no logran ingresar a las universidades del país, entre otras que constituyen un abanico de legítimas reivindicaciones, entre las cuales habría algunas que podrían ser sujetas a negociación al estar relacionadas con el desarrollo económico del país.
Acostumbrado el presidente a evadir el cumplimiento del mandato que juró respetar cuando asumió el cargo que ahora ostenta, Rafel Correa respondió acusando a los indígenas de su país de haber armado una conspiración con el propósito de desestabilizarlo. No hay justificante para la falta de interés de este presidente ante estas demandas que plantean los inconformes ya que son asuntos que debería atender cualquier gobierno con la mayor seriedad.
El Ejecutivo se sitúa en el extremo de la irrealidad al acusar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y a otras agrupaciones de ""extrema izquierda y de extrema derecha"" financiadas por un empresario al que evitó identificar, de unirse con el único fin de perjudicarlo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha respondido al Ejecutivo que sus miembros buscan una verdadera democracia y que jamás tolerarían caminar con lo que ellos llaman ""la derecha neoliberal"" contra la que han venido luchando toda la vida. Además exigen que dé a conocer los nombres del supuesto financiador y de los beneficiarios de la pretendida conspiración.
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