La tradición judicial mexicana desde tiempos coloniales ha permitido que el Estado se sirva de jueces, magistrados y ministros para encarcelar inocentes por razones políticas.
zCuántos mexicanos han ido a la cárcel por el deseo de venganza de un poderoso o como chivos expiatorios para salvar la biografía de una autoridad? zCuántos para saciar la necesidad de un culpable que cada cierto tiempo exige la opinión pública?
Pueblan las cárceles de este país quienes se encuentran en mayor indefensión: los jóvenes, los pobres, las personas que no hablan espanol y las que no conocen sus derechos. Esta realidad ha impedido que los ciudadanos mexicanos seamos todos tratados como iguales ante el Estado. Sin duda este es el principal desafío irresuelto de nuestra democracia.
Uno de los casos paradigmáticos de la injusticia nacional es el proceso llevado a cabo contra los supuestos responsables de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
Con tal de presentar culpables ante la opinión pública, mexicana e internacional, la PGR fabricó testigos y pruebas, falsificó la escena del crimen e hizo caso omiso de las declaraciones contradictorias entre los testigos. De 120 inculpados, 40 han pasado los últimos 11 anos de su vida en prisión por la deliberada violación al debido proceso.
Es de celebrarse que los ministros de la Suprema Corte tuviesen la voluntad de retomar el expediente y reconocer este crimen contra 40 personas cuyo único error fue estar cerca cuando al gobierno se le ocurrió fabricar culpables.
Este hecho nos deja una lección: si no se garantiza el debido proceso en México no existirán tampoco igualdad ni justicia, piedras angulares de una verdadera democracia. (El Universal)
