El pasado ejercicio democrático que permitió a la ciudadanía mexicana, incluida la de Chiapas, participar en la elección de quienes imparten justicia, es un avance “fundamental” aunque “perfectible”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
Al ser cuestionada sobre la importancia de este proceso en un estado como Chiapas, donde prevalecen poblaciones rurales y altos niveles de analfabetismo, la ministra dijo que: “La gente, tenga o no tenga grados de educación, tiene derechos y tiene sentido de justicia también. Y por eso es que es muy importante que se le tome su opinión”.
Pluricultural
Batres enfatizó que es responsabilidad del Estado adaptar los mecanismos democráticos a la realidad pluricultural de México. “Si nos hace falta traducir ir al tseltal, al tsotsil, al ch’ol, al tojolabal o a cualquiera de las 169 lenguas reconocidas en nuestro país para asegurar la participación de la gente, pues hay que hacerlo”, declaró.
La ministra rechazó que las barreras lingüísticas o educativas sean motivo para excluir a cualquier persona del derecho a decidir. “No por eso, no porque hablen lenguas indígenas o porque no sepan leer y escribir en español, les debemos desconocer su noción y su derecho de ser parte de los encargos, a quién le deben dejar la responsabilidad de impartir justicia”.
Batres describió este proceso como la apertura de un Poder Judicial que “estuvo encerrado pues dos siglos”, destacando su carácter incluyente.
“A los pueblos afro-mexicanos, originarios, a todas las colectividades de nuestro país, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, todas las personas que en algún momento hayan vivido condiciones de no reconocimiento, de discriminación o de no ejercicio de sus derechos, pues nos corresponde justamente garantizar que sean los primeros que puedan opinar en los temas de justicia”.
