"Es necesario que desde el gobierno se ponga el ejemplo de respetar la ley en el quehacer público; en este aspecto la familia es el último eslabón en el esfuerzo para hacer del nuestro un mejor país. Ante la grave situación que se vive en otros estados, la cual tiene como común denominador la existencia de grupos e individuos que muestran desprecio por todo tipo de normas, el hacer respetarlas deber ser tarea imprescindible e ineludible todos los días.
Quien no haya cumplido la ley, quien la esté violando en este momento, debería enfrentar las consecuencias de sus actos, pero en algunos casos, por el contrario, se ve con azoro que persisten situaciones en las que determinado servidor público, a sabiendas de que está y ha estado en la ilegalidad, todavía hace declaraciones en los medios en las que pretende acomodar las leyes de Chiapas a su estatura, en una actitud que raya en el cinismo.
No hay mesura en dicha conducta. Hay por el contrario un desplante que debería ser sancionado en proporción a la ofensa que implica. Es el caso de quien se ha dado el lujo de calificar de discriminatorias ciertas disposiciones de ley en este estado. El servidor público de referencia, no obstante estar ocupando ilegalmente la Presidencia del Consejo Estatal de Derechos Humanos y no haber dado una explicación pública sobre la más reciente denuncia en su contra, de ostentar dos Claves Únicas de Registro de Población, se da el lujo de solicitar se cambie la legislación del organismo que hasta ahora encabeza, con el único propósito de seguir cómodo en esa silla.
En su propia denominación, ese documento especifica su carácter único. Se ha sabido de personas que han sido sorprendidas con dos distintas credenciales para votar, y han sido sujetas a sanción penal. Se ha sabido de otros casos de falsificación y duplicidad de documentos, y en todos se ha aplicado la pena corporal que corresponde, pero en este caso enormemente sorprende la desfachatez del interpelado, verdaderamente nunca vista en estas latitudes.
En todos esos casos de irregularidades en determinados documentos de expedición federal, han sido delincuentes que los han tramitado no sólo a sabiendas de que estaban incurriendo en un delito, sino que tenían una clara intención para obrar así, es decir, razones que en este caso se deberían esclarecer. Nos preguntamos: cuántos chiapanecos de bien tienen doble documentación.
Nos preguntamos también sobre las razones por las que el señor Florencio Madariaga Granados continúa más firme con cada denuncia que sale a la luz. Nos preguntamos si no están los legisladores dispuestos a poner el ejemplo de observancia a la ley en este lamentable asunto. Acaso a nadie importa el mensaje que se está enviando a la sociedad, a la juventud enterada de los asuntos públicos como nunca antes.
Si no cumplimos la ley, y si no hacemos que se respete, tarde o temprano habremos de lamentarlo todos.
Pero además, ante la falta de argumentación e inteligencia, ahora vemos que la ruindad y la vileza de este ""comisionado"" no se limita incluso en el infundio con una actitud de degradado desparpajo.
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