"Dentro de la Cámara de Diputados se afirma que con la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios se establecerán límites al endeudamiento local, orden y transparencia en el uso del crédito. Se prevé que sea en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero, cuando se aborde el asunto.
Y es que ahora sí, ya no son pocos los que sostienen dentro del Poder Legislativo del país que se debe sancionar a los responsables del sobreendeudamiento en esos dos nivele de gobierno.
Coincidentemente, ahora desaparecieron aquí los que defendían a Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho y compañía.
Legisladores federales señalan la necesidad de que los órganos de fiscalización auditen las deudas y contratación de obligaciones de pago para fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
No sería aceptable, desde ningún punto de vista, que si hay casos de corrupción o de incumplimiento a las leyes, no se castigue a los responsables, se estableció en el Congreso. Pero hay más. Se reconoce ahí mismo que la crisis financiera de los estados ""tiene elementos graves"", pues en la contratación de deuda y compromisos de pago ""se han identificado conductas delictivas"". Además, se acepta que las obligaciones de pago sí comprometen significativamente los ingresos públicos.
Ante esto es difícil, por no decir imposible, que resurjan en Chiapas esos defensores de la deuda, los que todavía se asomaban en los medios hace unos meses.
Además, se prevé solicitud urgente a la Comisión Permanente para que exhorte a las legislaturas de los estados a realizar auditorías y entregar copia de los resultados al Congreso de la Unión, así como a las autoridades administrativas y penales correspondientes para actuar de manera pertinente. Sorpresa que se llevarán, pues como ya se dijo aquí mismo, en Chiapas hallarán observaciones a casi 50 mil millones de pesos en sólo dos ejercicios, las cuales han sido ocultadas.
Adicionalmente, para mayor angustia de quienes se sirvieron en la administración pasada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha preparado también un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presente informes detallados sobre los empréstitos contratados con la banca desde ambos niveles de gobierno. Como se sabe, Chiapas debe lo mismo a la banca de desarrollo que a la privada.
Se pide dar cuenta de las características de las tasas, plazos, garantías y niveles de reservas constituidas para cada préstamo, y se establece que el informe debe ser entregado al Congreso el 6 de febrero.
La Comisión que aprobó los términos del punto de acuerdo, adicionalmente plantea que la Junta de Gobierno del Senado evalúe la creación de una Comisión Especial para el análisis de esos sobreendeudamientos. Todas estas iniciativas provienen tanto del PRD como del PAN, pero también cuentan con el respaldo del PRI.
Por último, a los presidentes municipales hay que empezar por señalarles, como se dice por ahí, sus verdades. Ellos son junto con algunos gobernadores, los causantes de este sobreendeudamiento, y no obstante ahora salen con el argumento de que desean acabar con ""este sistema fiscal centralista para darle a los municipios la autonomía y fortaleza hacendaria que requieren"" pese a que en la práctica no han sido capaces ni de recaudar lo que por obligación deberían.
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