"Entre 30 mil y 40 mil millones de pesos es lo que vende la industria alimentaria en las escuelas de educación básica en México, dijo Juan Martín Martínez, director general de Desarrollo de la Gestión de Innovación Educativa de la SEP. Ahora sabemos porqué los empresarios del ramo estaban tan renuentes a regular sus productos con alto contenido calórico. Ante la evidencia de los intereses en pugna, la autoridad no deberá ceder a las presiones contra la nueva ley antiobesidad. Al final, no se arriesgarán los industriales a perder un pedazo grande del mercado sólo por el costo que les representa mejorar la calidad nutricional de sus productos.
A lo largo de los últimos dos años legisladores y gobierno federal le dieron varias vueltas a la prohibición de alimentos dañinos para la salud de los niños. Lograron una ley reguladora hace apenas dos meses, no sin enfrentar poderosas resistencias. La pasmosa realidad de que México es el país número uno en obesidad infantil en todo el mundo los forzó a actuar. Con todo, la publicación de la ley es apenas el primer paso, falta su implementación y eso es lo más difícil.
La industria alimentaria sigue intentado incansablemente echar abajo las limitaciones a sus productos, mientras argumenta, curiosamente, que para ellos no es tan importante el sector escolar del mercado. La minimización de sus ganancias encaja con su estrategia de presión. Si ellos no obtienen tanto dinero en las cooperativas escolares, significa que las causas de la obesidad infantil están en otra parte. Responsabilizaron primero a otros productos caseros como tamales y tacos, dijeron que lo producido por ellos no generaba obesidad, culparon a la ""cultura"" por la poca moderación en el consumo.
Al final, la intensidad de su reticencia los evidenció. Entre 30 y 40 mil millones de pesos es una cantidad equivalente al 15 por ciento de las ventas anuales de Walmart en México. Representa tres cuartas partes de las ventas totales de empresas como Bimbo y Oxxo en este país. Es lo mismo que vende la cadena de tiendas Chedraui en todo México. Se entiende que los empresarios del ramo no quieran perder esos ingresos; sin embargo, deben comprender que llevan las de perder, porque no hay argumentos que valgan cuando está en juego la salud de millones de niños, máxime si la motivación detrás de la resistencia es económica.
Por su parte, gobierno federal y gobiernos estatales deben buscar un acuerdo con la industria alimentaria. La implementación de la ley será más sencilla con la cooperación de todos. Sólo una cosa debe quedar clara: la prohibición de productos con altos niveles de carbohidratos es necesaria y debe ser innegociable. Únicamente los tiempos y las formas pueden discutirse. Seguro los empresarios hallarán la manera de conservar un pastel de casi 40 mil millones de pesos. (El Universal)
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