"En la semana se hicieron públicos dos anuncios importantes sobre un tema que se ha venido discutiendo asiduamente en la escena política: la nueva Ley Federal de Radio y Televisión. La primera noticia, la buena, fue que el Senado no sesionó para discutir y aprobar la minuta de esa ley el martes 21. ?Hubiera sido el colmo: aprobar una ley que niega cada uno de los principios del liberalismo en el 200 aniversario del natalicio de Benito Juárez, símbolo nacional del Estado liberal!
La segunda noticia, la mala, es que se formó una mayoría de PRI y PAN para aprobar ese documento. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras los tres más fuertes aspirantes a la Presidencia han evitado definirse sobre el tema, en el Senado la minoría sigue exigiendo la revisión de la minuta para que se incorporen las disposiciones en las que han insistido incansablemente especialistas, legisladores y periodistas. Quienes de buena fe han apoyado el proyecto de ley sostienen que las disposiciones que contiene serían beneficiosas para modernizar el sector de comunicaciones y ordenarán la provisión de servicios con nuevas tecnologías de las que no se disponía previamente. Senalan que la intervención de un órgano regulador hará más transparentes el régimen de concesiones, su otorgamiento y el control de las empresas.
También plantean que la obtención de permisos mediante licitaciones garantizará el acceso a las licencias en condiciones de competencia y no mediante el apro-vechamiento de ventajas preestable-cidas por la posición previa de las firmas en el sector. Por el contrario, los que critican el proyecto senalan que el órgano regulador previsto es muy débil, con escasas facultades para enfrentarse con éxito a las prácticas anticompetitivas y concentradoras, y que el método de licitaciones está mal definido en el proyecto. En síntesis, se senala que el órgano regulador definido en la ley que se quiere aprobar la próxima semana es otro de esos abundantes organismos débiles que cumplen raquíticamente su función, y que las normas estipuladas para regular la competencia y el otorgamiento de permisos y concesiones es igualmente débil. En ambos casos, las empresas ya consolidadas en el ramo aprovecharían en condiciones de ventajas iniciales las nuevas condiciones y se apropiarían fácilmente del nuevo espectro de las telecomunicaciones, tal y como ocurre bajo las disposiciones aún vigentes.
Pero los aspectos más trascendentales de la discusión residen en una cuestión de mayor fondo. La Constitución contiene dos disposiciones fundamentales de observancia obligada en este caso. La primera es que el espectro o espacio a través del cual se transmiten las senales de comunicación de todo tipo es ""propiedad de la nación"". La segunda es que en México la Constitución prohíbe los monopolios y las prácticas que conducen a ellos. Se trata de los artículos 27 y 28 constitucionales. Más allá de lo que a la letra dicen, que ya es bastante, el espíritu del Poder Constituyente en este respecto no admite equívocos. Por una parte se quiere decir que hay ciertos bienes que son originalmente propiedad de todos, es decir, propiedad colectiva de los mexicanos. Para la administración de estos bienes, el Estado jugará un papel rector que en todo momento estará por encima de intereses particulares. Por otra parte, el sentido de la Constitución es muy claro en el segundo aspecto: en México debe haber una economía competitiva en la que no existan monopolios ni prácticas que conduzcan a ellos, con la excepción de aquellos sectores que la propia Constitución reserva para ser administrados como monopolios de carácter estatal. Un ejemplo de esto es el petróleo. Se puede discutir si estas disposiciones constitucionales son correctas o incorrectas, actuales o anacrónicas, beneficiosas o perjudiciales para el desarrollo nacional. Más aún, es lo que debería hacerse, pero se ha evadido sistemáticamente.
Lo que no se puede hacer es violentar la Constitución estableciendo disposiciones de rango inferior que mediante subterfugios permitan la transgresión de ambas disposiciones de la Carta Magna. Las críticas al proyecto emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones son palmarias. Este organismo senala que con este proyecto de ley el Estado no tendrá capacidad para administrar el uso eficiente del espacio radioeléctrico, tampoco la tendrá para evaluar correctamente a quienes soliciten concesiones, perderá el control de su facultad para otorgarlas, será incapaz de regular programación y contenidos en radio y televisión, y perderá capacidad para conocer el grado de concentración de los recursos por las empresas concesionarias. Los defectos de la ley tendrán otras dos consecuencias importantes. Se dificultará, aún más que ahora, el acceso de organi-zaciones sociales y cívicas al espectro ra-dioeléctrico, y se diluirá la capacidad de las autoridades electorales y los partidos po-líticos para establecer la comunicación política entre gobernantes y gobernados. Como puede verse, una vez más se aborda otro asunto de trascendencia nacional por el rabo, en lugar de tomarlo por los cuernos. La pequenez y la mezquindad se concentran en facturar una ley para evitar discutir el orden constitucional. Parece ya inevitable: una mayoría bipartidista en el Senado confirmará el poder económico de la oligarquía de las telecomunicaciones. zY no se suponía que la democracia debía ayudar a que esto no ocurriera?
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Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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