Violencia de género y exclusión indígena fueron los valores más elevados en la entidad a través del indicador de respeto de las libertades civiles, el cual evalúa la percepción de las garantías en libertades de expresión, asamblea y asociación, de acuerdo con el “Índice de Desarrollo Democrático de México”.
La investigación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y la Fundación Konrad Adenauer -la cual califica con valores del 1 al 10 mil-, indicó que en violencia de género la entidad presentó una calificación de 7 mil 931 puntos y en exclusión indígena 4 mil 350 puntos, que ya promediados la hizo ocupar el lugar número 25 en el ranking de “Respeto de las libertades civiles”.
El informe detalló que la pandemia representó un desafío en el tema, pues se presentaron episodios ligados al accionar de la guardia civil, cuyo despliegue coincidió con denuncias de violaciones de derechos humanos.
“La crisis actual provocada por covid-19 puso a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de padecer violencia política, como sucede ante las emergencias humanitarias, los desastres naturales y las pandemias”, detalló el documento que sitúa a Chiapas en el número 10 del indicador de violencia de género.
Chiapas, Querétaro y Guerrero ocuparon la línea de “Bajo desarrollo en políticas de inclusión indígena”; el estado se encontró en el lugar 19.
Respecto al “Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad”, indicador que evalúa las limitaciones individuales y civiles otorgadas por la legislación vigente, y si la población percibe si se encuentra restringida por la violencia, Chiapas ocupa el quinto lugar con nueve mil puntos; Morelos, Michoacán y Jalisco ocupan los lugares del 30 al 32.
Ante el panorama, el estudio aporta una recomendación a Chiapas de generar procesos de construcción de ciudadanía y promover la participación en los procesos electorales y partidos políticos, con la intención de democratizar a las instituciones, así como afianzar y profundizar el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.
Asimismo, promover políticas de desarrollo social para luchar contra la pobreza y la desigualdad social; redoblar los esfuerzos para eliminar los rezagos en salud, educación, y con ello, mejorar y transparentar la recaudación fiscal para incrementar la autonomía financiera.
