"El que se quiere enfrentar (a las fuerzas del orden), pues se enfrenta y ahí se queda. Esa es la estrategia operativa, dice Julián Leyzaola Pérez, teniente coronel a cargo de la policía de Tijuana, sobre su gestión en contra del crimen organizado. Su mayor mérito ha sido enfrentar sin temor a los cárteles, algo difícil de ver entre las autoridades municipales y estatales en todo el país. Pero en el camino ha perjudicado la vida de inocentes, porque primero ataca y luego averigua.
Hay que reconocerle al teniente coronel la disposición de actuar. Suelen escudarse los presidentes municipales, los secretarios de seguridad pública locales, incluso algunos gobernadores, en el pretexto del Federalismo o en un discurso victimista y de falta de recursos para rehuir a la protección que le deben a la ciudadanía y al combate al crimen organizado. Leyzaola ha sido elogiado por la Procuraduría General de Justicia del estado de California, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los empresarios de Tijuana, y por el presidente Felipe Calderón. De hecho, el mandatario mexicano puso a la localidad como ejemplo hacia el resto del país.
""Nosotros reconocemos que Leyzaola se la ha rifado contra el narco. El problema no es ése. El problema es que existen infinidad de denuncias sobre la forma en que ha resuelto la seguridad, empleando métodos ilegales como el arraigo y la tortura"", dice Raúl Ramírez Bermea, ex procurador de Derechos Humanos del estado y actual presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Leyzaola acumula varias denuncias en las comisiones de derechos humanos, incluida la Interamericana, acusándolo a él directamente de torturador. Ninguna ha prosperado en un juicio penal. Sin embargo, autoridades y sociedad deberían tener más cuidado en poner de ejemplo a un modelo de seguridad que se ufana de lograr orden al margen de las leyes, porque es el respeto al derecho y a la presunción de inocencia lo que separa a los justos de los criminales.
La gente quiere seguridad a toda costa, cueste lo que cueste. La prueba está en que una medida prohibida en los países más civilizados como lo es la pena de muerte tiene una aceptación en México mayor al 70 por ciento de la población. ¿Cuánta sangre están dispuestas a pagar esas personas a cambio de paz? De pronto podrían encontrarse a sí mismas acusadas sin pruebas de un delito sólo por estar en el lugar y hora equivocados.
Algunos funcionarios creen que es imposible una policía eficaz y, al mismo tiempo, protectora de los derechos humanos y del debido proceso judicial. Se equivocan. Sólo así pueden evitarse los casos que ya se han presentado de estudiantes confundidos con sicarios, inocentes llevados a la cárcel por la acusación de criminales, y confesiones arrancadas con torturas. (El Universal)
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