El reforzamiento de la seguridad en los penales mexicanos ha llevado a apuntalar militar y policialmente aquellas plazas donde los narcotraficantes han echado raíces y es preciso acotarlos. El Ejército y la Policía Federal Preventiva tomaron el control del penal de máxima seguridad de Matamoros y, de paso, asumieron funciones de vigilancia en Reynosa.
Con todo, la lucha contra el narcotráfico y otros grupos del crimen organizado no se ha extendido a las calles ni ha tomado por sorpresa la vida de seres humanos ajenos al problema, lo cual incluye a turistas de todas las nacionalidades.
Precisamente, para que la violencia no afecte a la ciudadanía es que se ha realizado todo este despliegue de fuerza por parte del gobierno federal y a lo cual nos hemos referido aquí mismo para reflexionar respecto de algunos aspectos de esta tarea que nos han inquietado.
En todo caso, llama la atención el giro que le ha dado el Departamento de Estado estadounidense a lo que está pasando en nuestra frontera norte, pues ha emitido una alerta a sus conciudadanos para que refuercen sus medidas de seguridad personal al visitar esta zona de nuestro país.
En esta alerta explica a los estadounidenses que en el norte de México se libra una guerra entre organizaciones criminales que luchan por el control del negocio del narcotráfico y, para mayor advertencia, resalta que de este lado de la frontera la policía carecen de recursos económicos y capacitación para hacer frente a la delincuencia y que el sistema judicial mexicano es débil, tiene sobrecarga de trabajo y es ineficiente.
En este contexto, cabría esperar tanto del gobierno mexicano como de EU una buena dosis de prudencia para no sobrerreaccionar ante una realidad que, si bien se ha vuelto compleja, de ninguna manera es de tal grado que sugiera que la vida de ciudadanos comunes corre peligro.
No cabe la menor duda del derecho que tiene el gobierno del vecino país para proteger a sus compatriotas, pero en un acto de elemental reciprocidad habría entonces que esperar de EU garantías para que nuestros turistas y trabajadores migrantes tuvieran en su territorio la seguridad suficiente de que no serán agredidos o maltratados por policías, agentes o delincuentes.
Debemos recordar que el auge del narcotráfico en nuestro país es consecuencia de la existencia de un gran mercado demandante que se encuentra en EU, por lo que son las ciudades del norte de México las que padecen más las ominosas secuelas de este fenómeno, así como las ciudades del sur de EU las que experimentan con mayor virulencia la existencia de bandas de distribuidores y narcomenudeo que surten al resto de esa nación.
No sin problemas y, ciertamente, con importantes rezagos de recursos, el gobierno mexicano hace lo que está en sus manos para contener y, en la medida de lo posible, abatir el narcotráfico. Pero debe entenderse que esta lucha, en sí misma, sirve para proteger a la ciudadanía, no para generar más caos y violencia.
Las alertas del Departamento de Estado, cuando no son suficientemente ponderadas, pudieran generar alarma y confusión, afectando incluso importantes sectores de la economía como el turismo, al generar en sus conciudadanos una percepción negativa de inseguridad y muerte si visitan México, por lo que la prudencia y la razón deben predominar tanto en nuestro gobierno como en el criterio de EU al respecto. (El Universal).
