"Conviene reflexionar con mucha seriedad y con base en criterios eminentemente científicos lo que beneficia al país en materia de salud reproductiva. El debate abierto entre miembros del gabinete del presidente Fox, sobre una decisión ya oficializada por los medios pertinentes, respecto de la inclusión de la píldora anticonceptiva de emergencia, mejor conocida como ""del día siguiente"", en el cuadro básico de salud, es buena oportunidad para que la sociedad se adentre en consideraciones relacionadas con su vida en particular y su futuro demográfico.
El hecho de que tal medicamento se pueda distribuir de manera masiva a través del sistema público de salud adquiere relevancia en cuanto al sector de la población que tendrá acceso al mismo, que no es el que puede pagar para conseguirlo en farmacias comerciales. Este matiz en su adquisición es importante, porque está de por medio el equilibrio físico de una parte importante de la población nacional, en particular la femenina, y el bienestar económico de millones de mexicanos.
De ahí que toda consideración que quede fuera del análisis científico o social es propia del ámbito personal. Los criterios de orden moral, por ejemplo, atanen al ser humano en lo individual, pero no pueden ser parte de una política de Estado, que en México es laico según reza la Constitución mexicana.
Ni el Estado ni instancia de gobierno alguno tienen atribuciones para hacerla obligatoria, pero tampoco para negarla, en tanto que responde a una realidad médica tendiente a intervenir en una parte del proceso de la relación hombre-mujer, cuyos efectos físicos y orgánicos ya se han calculado y que, por ello, se incluyó en el cuadro básico de medicamentos.
En este sentido, el hombre tiene el derecho a usar todo lo que el propio hombre ha desarrollado, por métodos científicos, en favor de su bienestar, no sólo físico, sino incluso económico, puesto que en el caso de la reproducción indiscriminada sus repercusiones no sólo atanen a la familia inmediata, sino que afectan el entorno social y la calidad de vida particular y en comunidad.
Por lo que respecta a este caso, la píldora ya está reconocida por el Estado como básica y debe obedecerse la ley. Si es religiosa o moralmente válida, es una consideración que rebasa a las instancias gubernamentales y corresponde a cada quien tomar sus propias determinaciones. El Estado mexicano ha de actuar con base en criterios de eficiencia social, otorgando a la ciudadanía todas las herramientas posibles para abatir niveles de pobreza y marginación en diversas áreas del país, entre otras vías, a través de la prevención de embarazos no planificados y para aquellas mujeres que corren riesgos reproductivos.
Esos deben ser los marcos de la discusión, cuya profundidad ha de incluir, como un elemento de rigor, las consideraciones expresadas por investigadores, médicos y demógrafos, quienes tendrán elementos sustentados para guiar el sentido de las políticas de salud del Gobierno Federal y de la población en general.
Es tiempo de velar por la calidad de vida que se merecen los mexicanos y de acceder a estándares de salud mucho mejores a los que hasta hoy ha tenido disponibles nuestro cuerpo social.
El debate, pues, debe centrarse en criterios universales, científicos y probados y cuyos espacios naturales son el IMSS, el ISSSTE y las diferentes instancias de la salud pública, aunque también es cierto que cada quien tiene derecho a tomar sus propias decisiones, como ya se ha dicho aquí. (El Universal)
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