"Asesinatos y amenazas. Nada nuevo, desgraciadamente, para quienes nos dedicamos al periodismo en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta actividad.
Esta vez se siente aún más porque una parte del problema, las amenazas, queda en la propia redacción de El Universal, donde la reportera Silvia Otero recibió la intencionada recomendación de cuidarse y encomendarse a Dios.
En otras circunstancias, la sugerencia no habría tenido importancia. Pero cuando lo hace un reputado abogado de narcotraficantes y presunto defensor de Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, uno de los fundadores del grupo de sicarios llamado Los Zetas, la sugestión adquiere otro cariz.
La reportera publicó el domingo que el gobierno de Guatemala había detenido a Pérez Rojas, lo que el abogado Omar Cerecedo ""desmintió"" la noche del lunes. El anuncio fue confirmado el martes por Vinicio Gómez, ministro del Interior de Guatemala.
Sabemos de la obligación de un abogado y su interés en mantener a salvo la reputación de su cliente, sea quien sea. Pero no es a través de amenazas como se dirimen los asuntos.
La reportera Silvia Otero y El Universal presentamos una queja ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR.
Tan lamentable como es la amenaza, sólo es un hecho de mal gusto. Lo trágico es cuando se pasa a los hechos, como ya ocurrió con decenas de periodistas y, muy recientemente, con los asesinatos de las jóvenes triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras de la radio comunitaria Radio Copala, en Oaxaca.
En este caso, los locutores de la estación acusan directamente a Manuel y Carmelo Domínguez Ortiz, así como a Pablo Guzmán Ramírez, de ser los autores materiales, y a los políticos locales Heriberto Pazos, Rufino Merino Zaragoza y Marcelino Bautista López, del Partido Unidad Popular (local), como los responsables intelectuales de la muerte de dos jóvenes cuyo único pecado fue tratar de ""despertar la conciencia del pueblo"" y ayudar al ""ayuntamiento autónomo"" en San Juan Copala.
En otras palabras, como en la mitología antigua, en este país la prensa debe evolucionar entre la Escila de la censura promovida por narcotraficantes y la intolerante Caribdis de la delincuencia política.
Silvia Otero y El Universal hacen bien en denunciar públicamente este intento de amedrentamiento en busca de silencios. Los locutores de la Radio Copala arriesgan tal vez la vida al denunciar el asesinato de sus companeras, pero aun así hacen lo correcto.
El abogado Cerecedo cometió una equivocación y las autoridades federales iniciaron sus averiguaciones al respecto. Esperamos que en el caso de las locutoras de radio triquis el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, haga lo conducente.
Así están las cosas. (El Universal)
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