"Hoy día una persona inocente en México puede ser encarcelada durante 10 años sólo porque está acusada de robo, quizá sin pruebas, o porque sirve de chivo expiatorio a una Procuraduría ineficiente. Las víctimas dependen de que a los agentes del Ministerio Público les plazca investigar, mientras los acusados están a merced de jueces que trabajan en la absoluta opacidad y sin que nadie revise sus resoluciones antes o al momento de ser emitidas.
Todo lo anterior es posible porque nuestras leyes e instituciones de justicia fueron pensadas para el mundo de 1917. Apenas hace dos años se reformó ese sistema en la Constitución, dando un plazo hasta 2015 a los estados para que implementen los cambios en sus leyes locales y sus instituciones. Por desgracia, la punta de lanza de esta transformación jurídica, el estado de Chihuahua, ha fracasado hasta ahora en hacer funcionar la nueva legislación.
Un centenar de abogados, agentes y peritos adiestrados para cambiar el modelo penal en Chihuahua han sido asesinados en los últimos dos años. Óscar Acosta, presidente de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, dice en un reportaje publicado hoy en estas páginas: ""Los litigantes estamos trabajando en condiciones de guerra, el sistema no estaba planeado para esta crisis, por eso hay partes en las que se está colapsando, principalmente en la procuración de justicia"".
El estancamiento no significa necesariamente que la reforma sea inaplicable. En un lugar donde el Estado pierde autoridad y deja de ser capaz de garantizar la seguridad a sus ciudadanos, la realización de cualquier proyecto se antoja muy complicado.
Esto no quiere decir que deba abandonarse la reforma, pues contiene muchas ventajas. Busca evitar larguísimos procesos penales para delitos menores que podrían evitarse con simples conciliaciones. Resta poder al Ministerio Público y faculta a las personas, en algunos casos, a solicitar directamente al juez su intervención. Incluye la figura de juicios públicos y orales para que el desahogo de pruebas se realice en una sola audiencia, con el juez presente, de tal forma que las resoluciones no dependan de engorrosos trámites sino de debates transparentes y equitativos.
Chihuahua es buen ejemplo de que en un contexto de guerra las leyes e instituciones no pueden funcionar óptimamente. Por lo tanto, la estrategia de los poderes Ejecutivo federal y estatales, antes que la persecución de criminales, tendría que ser la protección a su población y a sus instituciones. Hacerlo al revés es como lanzarse al ruedo sin capote. (El Universal)
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