"Francisco Valdés Ugalde * El Universal El Senado ha aprobado por unanimidad la Ley para la Reforma del Estado. Se prevé que la Cámara de Diputados haga lo mismo. De ser así, iniciará el trabajo de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, integrada por los presidentes de las mesas directivas, los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y el presidente de la comisión respectiva del Senado.
A éstos se sumarán una representación del Poder Ejecutivo y los presidentes de los partidos políticos. Serán en total 30 integrantes de esta comisión, suponiendo que la ""representación"" del Poder Ejecutivo sea de un solo individuo; si no, serán más.
A ella se agregarán como auxiliares un secretario técnico, una subcomisión redactora de ocho miembros y otra de consulta pública con seis representantes de cada cámara. Como se ve, no faltará fuerza de trabajo: 45 personas dedicadas a conducir, auxiliar y redactar los proyectos de reformas al régimen político.
A 12 meses de entrar en vigor esta disposición, la comisión deberá construir acuerdos en torno de reformas constitucionales y legales que adecuen el sistema político en su conjunto, tanto en lo electoral y partidario como en la forma de gobierno, la articulación entre las partes de la Federación, el sistema de justicia y el hacendario, el municipio y los derechos que el Estado debe garantizar, entre otros.
Pero zqué reforma saldrá de aquí? zUn estado democrático de derecho o el parto de los montes?
Veremos si las fuerzas políticas representadas en esta comisión, que son todas a excepción de las que no pertenecen a la partidocracia, se sitúan en la altura de miras que despuntó cuando la ley se aprobó por unanimidad en el Senado. De ser así podríamos observar un trueque de la irresponsabilidad que los partidos han mostrado por una toma de conciencia de sus deberes con la nación. Pero no adelantemos vísperas.
Como han senalado varios comentaristas, los sistemas constitucionales no los hacen los académicos, la opinión pública o las buenas intenciones. Los construyen las fuerzas dominantes en el ""momento constituyente"", y les imprimen los alcances y limitaciones de su visión de la sociedad, del Estado y del entorno internacional. Pero aceptar esta premisa no somete a nadie al fatalismo; por eso hay que pronunciarse y proponer.
Lo primero que una reforma del Estado debe encarar es la revisión del sistema jurídico político desde el punto de vista de cómo institucionaliza los derechos de la persona y el ciudadano. Esta puede parecer una aseveración banal, pero no lo es. Lejos de lo que suele suponerse, la institucionalización de los derechos no se agota en la mera declaración de garantías, sean individuales o ""sociales"". El funcionamiento del conjunto del sistema electoral y de gobierno decide su buena o mala suerte.
Por ejemplo, no sólo es un derecho que la autoridad pública reconozca y proteja nuestra libertad y propiedad. Como ciudadanos del Estado tenemos derecho al buen gobierno. zAcaso lo tenemos en municipios, estados y Federación? No todo es pardo en la respuesta, pero los estudios sobre calidad del gobierno se inclinan poderosamente al lado negativo.
Los informes sobre la protección de los derechos humanos son concluyentes: en México priva su violación consuetudinaria (por omisión o comisión) de parte de autoridades de diverso tipo. Y a pesar de la arraigada tolerancia mexicana de ineptos y corruptos en los puestos públicos, sobresale en la opinión general un sentimiento negativo acerca del servicio público, desde las procuradurías hasta el Registro Agrario Nacional, pasando por legislaturas y judicaturas.
La democracia no termina en la elección de gobernantes; continúa en el ejercicio del gobierno, entendiendo que su prioridad es la institucionalización de los derechos de las personas. Tal institucionalización no puede ser sino el que los derechos sean ""justiciables"", desde la forma en que se especifican en las leyes hasta las modalidades en que se hacen cumplir.
Una visión mínima de la democracia contiene dos principios. Los ciudadanos tienen el poder de remover a sus gobernantes mediante elecciones periódicas y, además, han de tener el poder de limitarlos en el ejercicio de los cargos públicos, para que les sirvan en lugar de que se sirvan. Pues bien, ni esa norma mínima hemos alcanzado. La ""costumbre"" autoritaria aún impregna la vida pública, a pesar de los crecientes límites a su ejercicio.
En la concepción autoritaria del poder público en México anida un principio anacrónico, según el cual el Estado ""da"" derechos. Esta es una primera ruptura pactada que debiera encarar el Poder Legislativo en su trabajo para reformar el Estado. Los derechos no los da el poder; provienen de la conciencia actualizada de la libertad. Quizá esta conciencia no pueda alcanzar nunca la perfección, pero la democracia de hoy consigna que los gobernantes son, y serán cada vez más, instrumentos de las decisiones que conducen a la realización de los derechos y el bienestar.
Es tiempo de cambiar. zQuién se ve reflejado en las reglas dispuestas por nuestros ancestros y que nos siguen gobernando? Cambiemos la nave. Estemos atentos a lo que hace la partidocracia en el Congreso y exijamos que la reforma que viene sea, ante todo, la que dé luz a un Estado democrático en cuyo centro estén los derechos debidamente institucionalizados de las personas. Este no es un tema de ""izquierda-derecha""; lo es de balance de poder y eficacia de gobierno para la sociedad.
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* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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