La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha negado la regularización de tres asentamientos ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, petición que plantean representantes de Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Además, ha dejado en claro que la invasión de la Cuenca del Río Negro, viola el decreto que estableció el lugar como Reserva de la Biosfera.
También ha aclarado que las únicas actividades permitidas en la zona son: turismo, investigación científica y tecnológica y el aprovechamiento controlado de la selva y sus recursos naturales, sin proceder al desmonte.
Además, debido a las características del suelo específicamente en ese lugar, la Comisión advierte que es considerado de alto riesgo para asentamientos humanos por fenómenos meteorológicos.
Esa macroárea es una de las reservas de generación de riqueza biológica y de recursos hídricos más importantes del país, es Patrimonio Natural de la Humanidad y está reconocida dentro del Programa del Hombre y la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, argumenta la Comisión.
Ha destacado también la importancia de la reserva como prestadora de servicios ambientales, ya que mantiene los ciclos y la recarga hidrológica de los cuerpos de agua, los recursos bióticos de la zona que preservan uno de los sitios de mayor biodiversidad en el país y en el estado.
Como parte de una mesa de diálogo, la Comisión gestiona con la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno local la reubicación de la población de los asentamientos en la Ranchería Corozal, Nuevo Salvador Allende y San Gregorio. Tal vez será necesario ofrecer mayores estímulos con el fin de que estas poblaciones decidan aceptar la oferta que por ahora hacen las autoridades, porque de persisitir las ocupaciones lo único que se ve en el futuro es la extinción total.
La Selva Lacandona, que abarcaba un millón y medio de hectáreas distribuidas en cinco municipios, luego de ser sometida a un constante proceso destructivo, hoy cuenta con sólo unas 380 mil hectáreas.
Ningún grupo tiene que vivir forzosamente allí; hay otras opciones y ahora las autoridades estarían dispuestas a mejorar la oferta para incentivar un acuerdo final.
