En Chiapas existe una superficie aproximada de un millón de hectáreas como reservas naturales protegidas, de ellas se calcula que unos 120 guardaparques las vigilan y monitorean, es decir, cada uno de ellos tiene bajo su resguardo más de ocho mil hectáreas, sitios por donde se han detectado trasiego de indocumentados y narcotráfico, pero principalmente caería furtiva, además de extracción de flora y fauna.
A pesar del contacto con las irregularidades mencionadas, un guardaparque no tiene la facultad de portar armas de fuego, ni la capacidad de ejercer actos punitivos, además de que las demás dependencias los han abandonado en labores diarias.
Estos trabajadores mayoritariamente monitorean las áreas naturales solos, sin el acompañamiento de dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que tiene capacidades punitivas sobre quienes realicen delitos ambientales o de la Gendarmería Ambiental.
Teóricamente la labor de un guardaparque es capacitar a las comunidades dentro de las reservas en su cuidado; vigilar y coadyuvar al cuidado de los elementos naturales; fungir como la autoridad inmediata dentro de las reservas, pero en la práctica estos trabajadores se topan con cacería furtiva y extracción de ejemplares.
Estas actividades están ligadas a toda una cadena delictiva que finalmente tienen enlaces con el crimen organizado y posterior término con los mercados negros. Los guardaparques normalmente tienen que lidiar con los ejecutores de estos delitos, sin estar previamente armados o debidamente acompañados.
Tampoco estos guardianes de las selva tienen previa capacitación para combatir este tipo de delitos, lo que los vuelve aún más vulnerables. Hasta el momento la Gendarmería Ambiental solo ha acompañado en operativos, con otras instancias, en el territorio chiapaneco mas no actividades de vigilancia cotidiana.
Incluso desde la creación de esta división de la Policía Federal, no ha podido ingresar a la Biosfera de los Montes Azules por situaciones de encono social; una unidad que sí se encuentra capacitada para combatir los diferentes delitos que se comenten en las reservas naturales.
Cabe señalar que el pasado jueves 17 de agosto fue encontrado muerto el guardaparque Gabriel Ramos Olivera, del Parque Nacional de Lagunas de Chacahua, Oaxaca; hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato, pero podría estar ligado a la extracción de reptiles en peligro de extinción.
Las personas consultadas por este reportero indicaron que tan solo dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero se han detectado a cazadores, quienes arriban al lugar en camionetas de lujo (Jeep), portan traje de camuflaje y armas especializadas; equipo muy por encima al que porta un guardaparque.
