“La construcción de un modelo ejemplar de transparencia legislativa y rendición de cuentas es una tarea prioritaria para los diputados federales en busca de la instauración de un escenario legal donde mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sea una realidad transparente”, señaló la legisladora Sasil de León Villard.
Así lo expuso la diputada federal en el marco de la visita que comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizaron a San Lázaro, donde además participaron en la Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Sasil de León dijo que el fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas deberá ser un quehacer de todos los legisladores, servidores públicos y población en general para actuar en coordinación con el nuevo marco normativo constitucional y legal en materia de transparencia.
Aludiendo al más reciente Diagnóstico de Parlamento Abierto 2015, reconoció que existe falta de credibilidad y vinculación del ciudadano hacia sus legisladores, además del desconocimiento de la labor legislativa y medios efectivos de evaluación de sus quehaceres.
Por ello, dijo que es es necesario fortalecer la transparencia y legalidad buscando recobrar la confianza de los ciudadanos.
Dijo que existe confianza en que pronto se expidan la Ley General de Datos y la Ley General de Archivos, que con la ya aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, permitirá una mayor acceso a la información y rendición de cuentas.
En este sentido, dijo que el apoyo de la Cámara de Diputados es significativo “para que los congresos estatales fortalezcan el desarrollo de la cultura de la transparencia” y con ello se pueda avanzar en la transparencia de los ejercicios de gobierno.
Finalmente, recordó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
