"Cuando un hombre es asesinado afuera de su casa, frente a su esposa, la reacción de autoridades y políticos no debe ser otra que el compromiso de hallar a los culpables y esclarecer los motivos del crimen. Todo con pruebas de por medio. Cualquier otra cosa sólo daña la credibilidad de las investigaciones. Eso no cambia aunque el asesinado sea un ex gobernador.
El hecho de que Silverio Cavazos, ex mandatario de Colima, fuera acribillado, sí debe ser motivo de preocupación, igual que lo fue el homicidio del candidato a gobernador de Tamaulipas por el PRI, Rodolfo Torre Cantú. Sin embargo, la sola presencia del crimen organizado en ambos estados no prueba que los asesinados hayan estado vinculados con la delincuencia. Tampoco corrobora que sean mártires de la democracia ante una posible negativa de colaborar con el narco. Igual resulta irresponsable suponer públicamente de crímenes políticos, usando como argumentos sólo las desaveniencias de las víctimas.
Inevitablemente la sociedad entrará en el terreno de las especulaciones y éstas se incrementarán con el paso del tiempo. Así pasa siempre. Los funcionarios públicos y los políticos, en cambio, tienen la responsabilidad de hacerse a un lado de las suposiciones.
En ambos crímenes, el de Torre Cantú y el de Silverio Cavazos, el PRI se apresuró a catalogarlos víctimas de un ataque contra su partido. Urgieron al gobierno federal a dar con los responsables como si las procuradurías estatales no existieran, descartando por tanto la posibilidad de un homicidio del fuero común. ¿No tendrían que haber esperado acaso a que las investigaciones concluyeran que el delito es federal?
A su vez, en lugar de correr a desmarcarse, el gobierno federal tendría que realizar en paralelo sus propias indagaciones. No basta con ""lamentar"" los hechos ni con dar condolencias. Lavarse las manos sólo ahonda en la impresión de que el PAN desea exhibir la incapacidad de las procuradurías estatales. Unir fuerzas con el MP estatal conjuraría la intención panista, a veces velada, otras explícita, de ligar a priori a los asesinados con el crimen organizado.
El ataque contra funcionarios, ex o aspirantes, tendría que ser interpretado por todos los actores políticos como un atentado contra el Estado en su conjunto. Únicamente el resultado de serias e imparciales investigaciones puede darle un calificativo adicional a un asesinato.
El problema de fondo, por lo tanto, es la proclividad de nuestra clase política para opinar sobre un crimen sin preocuparse primero de investigarlo a fondo. (El Universal)
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