Un nuevo aniversario de la vigencia de la Constitución de 1917 ha encendido el debate sobre el futuro del texto constitucional.
El presidente Felipe Calderón ha lanzado la invitación a renovar la Constitución, pero aún no pone en circulación ninguna propuesta específica. Algunos dirigentes del PRD se han adelantado a proponer la formulación de una nueva Constitución.
En el PRI y en el PAN guardan prudencia y nadie ha salido a proponer nada en especial. El tema no es menor; tampoco es simple.
Existe una tendencia histórica muy acendrada, que viene desde los albores de la Independencia, en el sentido de buscar en la creación de un nuevo texto constitucional la solución a todos los males de la República.
El contractualismo constitucional no es exclusivo de los liberales ni de los conservadores. Tampoco lo es de ninguna fuerza política de las que merodean en la escena pública actual. Constituye un enfoque para darle salida a los problemas derivados de la creación de un orden político estable y legitimado por un orden legal que debe ser pactado por los actores políticos.
El contractualismo es hijo de la modernidad. Se puede leer desde la perspectiva de Rousseau o de Rawls. En México el contractualismo apenas está pasando la prueba de la coexistencia con la democracia. Este me parece que es el nudo de la cuestión. Entender la complejidad de las relaciones entre la novísima democracia, las normas constitucionales vigentes y los resabios del autoritarismo es el primer paso para situar la dimensión histórica y política en la que actualmente se inscribe el debate sobre el futuro de nuestra Constitución.
En México, nunca se ha formulado y aprobado ninguna constitución por consenso. Las constituciones que ha habido, desde la primera de 1824 hasta la de 1917, se impusieron por la fuerza de la coalición dominante en los congresos constituyentes correspondientes.
Los grupos minoritarios vencidos en cada coyuntura no se sintieron suficientemente comprometidos con las disposiciones adoptadas y con la fuerza coactiva de las normas constitucionales aprobadas.
La estructura y naturaleza del régimen político posrevolucionario terminó arrollando la vigencia de la norma constitucional. El México real ha asfixiado al México legal. Hoy el estado de derecho se encuentra debilitado y herido en diversos flancos. La historia del régimen político mexicano de los últimos 80 anos es la historia del uso instrumental de las normas constitucionales.
En ese contexto, la propuesta de convocar a un Congreso Constituyente para formular una nueva Constitución suena seductora e incita a inaugurar un nuevo ciclo histórico para el país, pero desde mi perspectiva no es el mejor camino para instaurar un efectivo Estado constitucional y democrático de derecho.
No creo en el maximalismo ni tampoco en el método de hacer tabla rasa del pasado. La experiencia histórica ha demostrado que el camino más efectivo radica en el método de las aproximaciones sucesivas, especialmente cuando las condiciones políticas no son favorables para construir consensos.
Actualmente no existe ninguna fuerza política que sea capaz de impulsar con éxito y por sí sola ninguna reforma legal, mucho menos una propuesta de reforma constitucional. La estructura de oportunidades políticas no es favorable para el debate ni para la creación de una nueva Constitución. En todo caso, puede ser razonablemente favorable para debatir y seguir impulsando una nueva constitucionalidad. Esa es mi propuesta frente al maximalismo de quienes sugieren hacer una nueva Constitución.
Las reformas múltiples que alberga la Constitución se hicieron en el marco de un régimen autoritario, que no necesitaba forjar consensos ni legitimar el alcance de sus reformas. En un contexto democrático, toda reforma constitucional debe estar precedida de un debate público y de un ejercicio fino para forjar los consensos necesarios que permitan su aprobación por el Constituyente Permanente.
La constitucionalidad actual sigue siendo un marco eficaz para procesar los cambios que requiere el país. Que sólo pueden realizarse por la vía de las reformas institucionales. Una por una, coalición por coalición y reforma por reforma es la vía para cambiar las instituciones anacrónicas e ineficaces, sin poner en riesgo el compromiso básico con la democracia. Nueva constitucionalidad por la vía de las reformas institucionales y no nueva Constitución es el enfoque que sugiero frente al maximalismo.
Empecemos por la reforma al artículo sexto para incorporar los principios del derecho de acceso a la información. Sigamos con la aprobación de la propuesta de reforma en materia de juicios orales y debido proceso legal. Y luego demos cauce a la propuesta de darle al Distrito Federal una Constitución propia. Gradualismo eficaz frente al maximalismo inviable. (El Universal)
