Lo normal, lo ideal, es que los trabajadores obtengan por su aportación en el proceso productivo un salario que les permita una vida digna, como manda la Constitución.
Como no es así, y cada vez es mayor la distancia entre precios y salarios, los gobiernos, incapaces de reducir la brecha por miedo a sus repercusiones inflacionarias y en otros indicadores macroeconómicos, recurren al subsidio, que es un cataplasma que alivia temporalmente pero a la larga distorsiona la economía entera. Por lo pronto, ya nos acabamos, dicen, las utilidades excedentes de las exportaciones petroleras, para subsidiar la gasolina.
El presidente Felipe Calderón anunció otro multimillonario subsidio, que se suma al de las gasolinas, para mantener congelados los precios de 140 artículos básicos, 25% de la canasta básica, de aquí a diciembre.
La lista incluye, por una parte, artículos que no tienen una demanda importante, como los jugos con soya adicionada, o que no van a ser sostenidos a precio fijo, como los aceites, ofrecidos por los productores sólo para las próximas seis semanas, es decir, cuando se agoten las existencias actuales.
En un país como el nuestro, con más de 10 mil kilómetros de costa, frente a mares colmados de peces y mariscos comestibles, resulta poco menos que patético quejarse de falta de alimentos. La explotación marina, como despensa y vía de comunicaciones y transportes, la explotación cabal de los océanos que tenemos al oriente y al occidente, da para tanto que beneficia en gran escala a todos los países riberenos, y mínimamente a nosotros.
El alza en alimentos, debido al aumento de la demanda, el cambio climático y la reorientación agrícola, sólo se modera con mayores y mejores sistemas productivos y de comercialización, que no son medidas fáciles de aplicar si sólo vemos el campo.
Pero los subsidios son alentados por quienes anteponen la sacralidad de la macroeconomía.
El remedio procedente es fortalecer el ingreso indispensable no sólo para comer, que es prioritario, sino para mantener a flote una economía fincada en el consumo.
Lo que un trabajador mexicano gana en un día, un estadounidense lo percibe en menos de una hora. Por eso tenemos una criminal distribución de la riqueza que perpetúa la desigualdad social.
Más que paliativos, requerimos de medidas de fondo para resolver nuestros problemas financieros, económicos y sociales.
Otra bufonada parlamentaria
A los mexicanos nos cuesta miles de millones de pesos elegir y mantener a nuestros representantes populares en el Senado y la Cámara de Diputados. Lo menos que podemos esperar de ellos es un poco de seriedad en su labor.
Sin pruebas, con base sólo en dichos de terceras personas, el diputado federal de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, dejó en categoría de mero chisme el supuesto soborno por 2.5 millones de dólares por congresista que la Secretaría de Hacienda presuntamente pagaría para aprobar la reforma energética.
El descrédito del Congreso -gracias a este diputado- suma un ejemplo más digno de chascarrillo. Las presiones desde el poder en contra de los representantes populares, que este país vivió mucho antes de su apertura democrática, justificaron la instauración del fuero constitucional. La figura de don Belisario Domínguez fue quizá el más ilustre caso. Hoy, en quienes ejercen el mismo puesto, poco queda de esa dignidad.
El propio partido del diputado ya se ha deslindado de su militante. No basta. Usar a la ligera la investidura parlamentaria debe tener consecuencias. (El Universal).
